Aumento de las bajas por menstruación incapacitante: avances y desafíos

Un año después de su entrada en vigor, las bajas por menstruación incapacitante siguen encontrando obstáculos en su implementación. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, hasta mediados de abril se han tramitado apenas 1.418 bajas, con una duración media de tres días, frente a los 8,8 millones de procesos de baja iniciados en todo 2023.

Expertas consultadas apuntan a dos factores principales que explican este escaso número: el infradiagnóstico y el temor a la discriminación laboral.

El infradiagnóstico: un problema sistémico

Para solicitar una baja por menstruación incapacitante, las pacientes deben contar con un diagnóstico médico de dismenorrea secundaria, es decir, una menstruación dolorosa asociada a patologías como endometriosis, miomas o adenomiosis. Sin embargo, el sistema sanitario sigue adoleciendo de una perspectiva de género, lo que ha llevado a un infradiagnóstico de estas afecciones.

"El sistema sanitario se ha centrado en el estudio clínico del cuerpo masculino, y su lentitud a la hora de llevar a cabo un diagnóstico rápido es lo que explica el bajo número de prestaciones por menstruación incapacitante concedidas", afirma Carolina Vidal, secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO.

El temor a la discriminación laboral

Otro factor que dificulta el acceso a estas bajas es el estigma que aún rodea a la menstruación. Muchas mujeres temen que el hecho de solicitar una baja por este motivo pueda tener consecuencias negativas en su carrera profesional.

"Tal y como está configurada esta baja, es otra forma de discriminación para las mujeres, porque las empresas pueden conocer el motivo de la baja por el código que utiliza la Seguridad Social en los partes", asegura Cristina Antoñanzas, vicesecretaria de UGT.

El camino hacia la normalización

A pesar de estos desafíos, expertas y colectivos feministas coinciden en la importancia de seguir luchando por el reconocimiento de estas bajas laborales.

"Esta baja permite hacer visible nuestras circunstancias. No tenemos por qué ir a trabajar con penosidad", apunta Vidal.

El objetivo final es lograr que la menstruación sea considerada una cuestión normal, sin tabúes ni estigmas, y que las mujeres puedan ejercer sus derechos laborales en igualdad de condiciones que los hombres.

Según un estudio elaborado por la consultora Kantar, el 49% de las mujeres sufre reglas dolorosas, un porcentaje que en el caso de las más jóvenes asciende al 76%. El Ministerio de Igualdad calculó en el momento de aprobarla que el derecho a una baja por menstruación incapacitante tendría un coste adicional máximo de 23,8 millones de euros al año.