Modificaciones en la Ley de Extranjería para la acogida de menores inmigrantes
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en conjunto con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han sostenido reuniones para debatir modificaciones a la Ley de Extranjería. El objetivo principal es que las comunidades autónomas asuman la acogida obligatoria de menores migrantes no acompañados en situaciones donde los territorios se vean superados por las llegadas.
Canarias, con la tutela de más de 5.500 menores, es el principal impulsor de estas modificaciones legales. La iniciativa se ha presentado como proposición de ley en el Congreso, y su aprobación requerirá una mayoría simple. Se espera que todos los socios del Gobierno apoyen la propuesta, pero la postura de Junts aún es incierta.
Las comunidades autónomas y los cambios en la ley
Tanto el PSOE como Coalición Canaria esperan el apoyo de los populares. Este tema ha generado un debate interno en el partido, ya que las reticencias en las comunidades donde gobiernan deben conciliarse con el alivio que supondría para regiones como Canarias, Ceuta y Melilla, que enfrentan colapsos en sus sistemas de acogida.
El Partido Popular, por su parte, observa con cautela a Vox. El partido liderado por Santiago Abascal ha advertido que impedirá el traslado de menores a las cinco comunidades donde gobierna en coalición con el PP, y que impugnará la reforma legal ante el Tribunal Constitucional.
Encuentros con grupos parlamentarios
Los encuentros iniciaron con el Grupo Mixto, Podemos, el PNV y ERC. El PSOE y Coalición Canaria, tras compartir el texto acordado, confiaban en el apoyo de todos ellos, aunque existían dudas con respecto a Esquerra.
Cataluña, en las reuniones entre comunidades, se ha mostrado reticente a aceptar un acuerdo como el propuesto. Su argumento se basa en que su modelo de acogida acompaña a los menores hasta los 23 años y la financiación contemplada se calcula anualmente por niño hasta su mayoría de edad.
No obstante, fuentes de ERC se inclinan por el sí, aunque con reservas: "Siempre hemos estado dispuestos a acoger, entendemos la situación que enfrentan estas personas y su situación al llegar, pero queremos acoger bien. Y para hacerlo bien, se requiere financiación para garantizar las mejores condiciones para los que vienen".
Otras posturas y el reparto obligatorio
Podemos, tras la reunión, ha afirmado que estudiará el texto, pero en principio lo apoyará. "Hemos vivido en primera línea un repunte migratorio y tuvimos la responsabilidad de tutelar y acoger a los niños y niñas, y lo entendemos muy bien", expresó la diputada Noemí Santana.
El PNV, por su parte, asegura que lleva meses "trabajando discretamente en la reforma de la Ley de Extranjería" y que la negociación avanza positivamente.
Bildu, Junts y Sumar también han sido partícipes de las reuniones. Los nacionalistas vascos no serán un obstáculo, pero plantean un debate más amplio. "Respaldamos y apoyamos lo que proponen, pero creemos que al modificar la ley de extranjería hay otros asuntos importantes pendientes", explicó el diputado Jon Iñarritu, con la intención de abordar temas como los centros de internamiento, las vías legales para emigrar a España y las devoluciones en caliente.
Junts no ha fijado su postura y ha transmitido una serie de cuestiones jurídicas, según fuentes presentes en el encuentro que describen el encuentro con los independentistas con "moderado optimismo".
Mientras se desarrollaban las reuniones, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, rebajaba las expectativas en el Congreso. "Es evidente que las islas canarias tienen un problema con la inmigración irregular, pero la responsabilidad migratoria es del gobierno de España, no puede traspasarla a otros", ha dicho a los periodistas. "Es el gobierno de España el que se tiene que sentar con las distintas administraciones para buscar una solución y es el gobierno de España el que tiene que poner medios materiales y humanos para poder atender esa crisis migratoria. El Ejecutivo tiene que dejar de enfrentar a unas comunidades con otras, a mi juicio, de una forma tremendamente irresponsable".
El reparto obligatorio que se pretende incluir en la ley se activará cada vez que una comunidad autónoma supere en un 150% su capacidad de acogida de menores migrantes. En la actualidad, Canarias podría redistribuir más de 3.000 menores. La propuesta contempla que la reubicación considere criterios como la renta, la dispersión de la población, el desempleo y el número de menores ya acogidos, un modelo que las comunidades autónomas ya habían aprobado para repartos voluntarios y pequeños.
