La Audiencia Nacional ordenó hace 42 días a la Administración que tomara las "medidas oportunas" para que un joven sudanés que solicitó protección en la Embajada de España en Rabat hace más de un año pudiera trasladarse a territorio español. Se trata de una medida cautelar de ejecución inmediata, pero los Ministerios de Asuntos Exteriores e Interior la están retrasando.
Preguntado por qué no se cumple la orden, el departamento de Fernando Grande-Marlaska alega que su competencia comienza cuando el solicitante está en España; el de José Manuel Albares no responde por "confidencialidad". Fuentes conocedoras del caso confirman que la Audiencia Nacional envió este miércoles sendos oficios a los dos ministerios y a la embajada dándoles cinco días para que informen de lo que han hecho para acatar la decisión. La Abogacía del Estado tiene hasta el próximo martes para recurrir, pero el recurso no exime del cumplimiento de la orden.
El drama de Basir
Asistía por DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos, Basir (nombre ficticio) se personó en la embajada española en Rabat el 13 de diciembre de 2022 y solicitó que se le aplicara el artículo 38 de la Ley de Asilo. Este artículo permite solicitar el traslado a territorio español para formalizar la solicitud de protección internacional siempre que exista riesgo para la integridad física de la persona.
Basir, un joven de 25 años, lleva huyendo desde su adolescencia, cuando perdió a su padre y a uno de sus hermanos en una masacre en su aldea. Es cristiano y alega persecución religiosa en un país en guerra que ya tiene el mayor número de desplazados internos del mundo, más de siete millones de personas. Además, Basir fue uno de los supervivientes de la tragedia de Melilla en junio de 2022 y, aunque logró entrar en territorio español, fue expulsado en caliente. Si hubiera podido pedir asilo, se lo habrían concedido con seguridad: España resuelve favorablemente el 100% de los expedientes de sudaneses, según datos del Ministerio del Interior.
La iniciativa de Basir puso al Gobierno ante el espejo. El Ejecutivo ha accedido a las peticiones de cientos de afganos en Pakistán, pero las ignora sistemáticamente en otros casos, especialmente en el de los subsaharianos. Basir puso a prueba el cumplimiento de la legislación y demostró que no es cierto que quien salta la valla o se sube a una patera lo hace porque quiere, ya que es posible pedir protección en las delegaciones diplomáticas. Así lo defendió España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando se juzgaba la legalidad de las devoluciones en caliente.
En su defensa, la Abogacía del Estado argumentó contra los demandantes que estos "habrían podido entrar en España legalmente si hubieran presentado las solicitudes de asilo en Marruecos, en la Embajada, en los consulados de España en Marruecos o en el resto de Estados por los que pasaron". Este argumento, que fue clave para la sentencia absolutoria, también lo ha defendido el ministro Grande-Marlaska en varias ocasiones.
Un caso que llega al Congreso
La angustiosa espera de Basir, que malvive en las calles de una capital marroquí con miedo a ser detenido, maltratado y expulsado por las fuerzas de seguridad, también llegó al Congreso el 9 de febrero de 2023. En el mismo texto en el que una mayoría de diputados reprobó al ministro del Interior por su actuación ante la tragedia de Melilla, se incluyó la petición del traslado inmediato a España de Basir. La impulsó el PP y hasta Vox votó a favor.
Instrucciones incumplidas
Las instrucciones dadas para un caso como el de Basir establecen que el embajador tiene la facultad de facilitar el traslado del solicitante a territorio nacional si considera que "la integridad física de esa persona corre peligro". El embajador de España en Marruecos no decidió ni a favor ni en contra y, ante la inactividad administrativa, los abogados de Basir interpusieron un recurso ante la Audiencia Nacional el 1 de septiembre de 2023. Tres meses después, solicitaron la medida cautelar para que Basir pudiera viajar a España.
La Audiencia se la denegó el 15 de enero porque no consideró que existiera ningún riesgo para la vida e integridad del solicitante, pero ante un nuevo recurso cambió de parecer. El nuevo auto toma en consideración una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2024 que sienta jurisprudencia en casos de este tipo. En este caso, liderado por la Fundación Profesor Uría, el tribunal concede una medida cautelar a unos ciudadanos de Afganistán y pide al embajador su "traslado urgente".
El cambio de criterio de la Audiencia
La clave que aporta esta sentencia para el caso de Basir (y los que puedan venir después) es que se discute si el "peligro para la integridad física" que se requiere para el traslado a España debe ocurrir en el país de origen o en el país donde se realiza la solicitud. El Supremo deja claro que debe analizarse "no la situación de riesgo en el país de la solicitud donde está ubicada la Embajada [en el caso de Basir, Marruecos], sino la existente en el país de origen [Sudán]".
La Audiencia Nacional reconoce en su auto que el criterio que siguió en un principio para rechazar el peligro al que está expuesto Basir en Marruecos ha quedado "desautorizado" y le concede la medida cautelar por los riesgos claros y demostrados a los que se enfrentaría en Sudán.
Una situación desesperada
La situación de Basir es límite. El joven ha explicado a EL PAÍS que no puede aguantar más. En este tiempo, los campamentos de migrantes en la ciudad donde vive han sido desmantelados y varios de sus amigos han sido expulsados a zonas remotas y agredidos por las fuerzas de seguridad. Ha enfermado varias veces y tiene fuertes jaquecas, pero no acude al médico por miedo a ser capturado.
En circunstancias normales, Basir llevaría más de un año intentando saltar la valla una y otra vez o arriesgando su vida para llegar a las Islas Canarias o a Italia a través de Túnez. No lo ha hecho confiando en que tendría una respuesta de España, pero ya no quiere esperar más. "No sé por qué lo demoran todo este tiempo, solo espero que respeten la ley y mis derechos", ha declarado.
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