Cataluña tendrá un nuevo censo de amianto para garantizar su retirada en 2032

El Govern de Cataluña ha aprobado el proyecto de Ley para la Erradicación del Amianto antes de 2032, una norma pionera en España y Europa que contempla un régimen sancionador de hasta 100.000 euros. El objetivo es actualizar el mapa de censo de cubiertas de fibrocemento, dotar de un fondo anual de 10 millones de euros para subvenciones y establecer sanciones para garantizar su cumplimiento.

El gran problema del amianto

El amianto es una sustancia altamente perjudicial para la salud que puede causar enfermedades como cáncer de pleura, de pulmón o fibrosis pulmonar. Se encuentra en tejados de fibrocemento, depósitos de agua, tuberías o aislamientos térmicos y acústicos. Su uso, producción y comercialización están prohibidos en España desde 2002, pero las administraciones han permitido durante años el mantenimiento de los materiales ya instalados. Se estima que en Cataluña hay unas 800.000 toneladas de fibrocemento detectado en cubiertas, además de otras 30.000 toneladas de proyectados y calorifugados.

Un censo poco uniforme

Actualmente, solo el 27% de los municipios catalanes han presentado el censo de amianto, según la Comisión para la Erradicación del Amianto (CEAC). La Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) considera que el censo es poco uniforme porque no todos los ayuntamientos lo establecen con los mismos criterios. Además, hay que tener en cuenta el amianto oculto, como el que se encuentra en aislamientos o tuberías.

Ámbitos más sensibles

Entre los ámbitos más sensibles en los que se ha detectado amianto está el educativo. Este elemento cancerígeno se ha hallado en centenares de centros educativos, y aunque lo habitual es encontrarlo en las cubiertas, también está presente en pizarras y tuberías. El Departamento de Educación estima que necesitaría 11 millones de euros para retirar el amianto de todas las escuelas para 2028.

Falta de espacios para almacenar el amianto

Otra problemática a la que se enfrenta el Govern es la falta de espacios adaptados para almacenar el amianto que se retire. En Cataluña solo existe un vertedero especializado en residuos peligrosos, en Castellolí (Anoia). Su ampliación, propuesta anteriormente por el Govern, no ha sido confirmada todavía por el Ejecutivo de Illa.

"Los acuerdos decaen y era necesario volverlo a aprobar para iniciar el proceso parlamentario", ha justificado la consejera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque.

"Está el amianto visible y el oculto, como el que hay en aislamientos o en tuberías, pero también habrá que concretar cómo se actuará en espacios públicos y privados", ha subrayado Joan Maria Soler, miembro de la Comisión Contra el Amianto de Barcelona de la FAVB.