Cataluña asume control fronterizo: Acuerdo PSOE-Junts redefine la gestión migratoria

En un movimiento que está generando intensos debates, Cataluña se está preparando para asumir la gestión del control fronterizo, un acuerdo trascendental alcanzado entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts per Catalunya. Este pacto, que ha sido objeto de largas negociaciones durante más de un año, está delineando un nuevo panorama en la política migratoria española y promete reconfigurar la relación entre el Estado central y la Generalitat. Según Carlos E. Cué y José Marcos (2025), de El País, esta delegación de competencias no solo busca estabilizar la legislatura, sino que también abre la puerta a un modelo propio de gestión migratoria en Cataluña.

Un acuerdo histórico en materia de inmigración

El acuerdo entre el PSOE y Junts está marcando un punto de inflexión en la política de inmigración en España. La Generalitat, a través de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica, está asumiendo un papel crucial en los puertos y aeropuertos catalanes, colaborando con otras fuerzas de seguridad para llevar a cabo las devoluciones de personas extranjeras. Esta colaboración es supervisada por una Junta de Seguridad presidida por la Generalitat, asegurando una coordinación efectiva y el cumplimiento de la normativa vigente. El artículo publicado en El País subraya que, aunque los Mossos no operarán solos, la Guardia Civil tampoco liderará esta tarea, equilibrando así las demandas de ambas partes.

Las claves del acuerdo

  • Control de fronteras: La Generalitat gestionará la ejecución de la normativa estatal en materia de devolución de personas extranjeras.
  • Permisos de residencia: Cataluña se convertirá en una «ventanilla única» para autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración.
  • Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE): La Generalitat gestionará integralmente estos centros.
  • Expulsiones: Dirigirá las expulsiones que no requieran expediente, y las demás se resolverán a partir de una propuesta autonómica.
  • Mossos d’Esquadra: Se incrementará el número de agentes en 1.800 efectivos, alcanzando un total de 26.800.

Reacciones y controversias

Este acuerdo, sin embargo, no está exento de controversias. Es probable que el Partido Popular (PP) recurra al Tribunal Constitucional, argumentando que podría haber una extralimitación de las competencias delegadas. Sectores progresistas también están mostrando su inquietud ante el endurecimiento del discurso sobre inmigración por parte de Junts, que podría alentar posturas más extremas en el futuro. Según fuentes de El País, el gobierno defiende que el acuerdo está dentro del marco constitucional, amparándose en el artículo 150.2, que permite la delegación de competencias estatales.

Implicaciones políticas y sociales

Más allá de la gestión migratoria, este pacto tiene importantes implicaciones políticas. El Gobierno central espera que este acuerdo contribuya a estabilizar la legislatura, aunque no garantiza la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, tras el reciente acuerdo con ERC sobre la quita de la deuda de la Generalitat, este nuevo entendimiento con Junts podría facilitar la negociación de otras leyes y asegurar una investidura más sólida hasta 2027.

Un modelo propio de gestión migratoria

Cataluña está avanzando hacia la creación de un modelo propio de gestión migratoria, adaptado a las necesidades y particularidades de su territorio. La Generalitat determinará los perfiles y el contingente de trabajadores extranjeros en las contrataciones en origen, y aplicará la legislación vigente en materia lingüística. Además, los Mossos d’Esquadra ejercerán la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos. De acuerdo con El País, el Estado transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Cataluña pueda ejercer estas nuevas competencias de manera efectiva.

«En definitiva, con esta Ley Orgánica de delegación de competencias en materia de inmigración Cataluña podrá desarrollar un modelo propio, una política integral, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del Estado español» (El País, 2025).

Desafíos y oportunidades

Este nuevo escenario plantea tanto desafíos como oportunidades. Cataluña deberá demostrar su capacidad para gestionar de manera eficiente y humana el control de fronteras y los procesos migratorios. La coordinación con el resto de fuerzas de seguridad y la aplicación de criterios claros y transparentes serán fundamentales para garantizar el respeto a los derechos de los inmigrantes y la seguridad de la sociedad. Al mismo tiempo, este acuerdo ofrece la oportunidad de desarrollar políticas migratorias más adaptadas a las necesidades del territorio y de promover una integración más efectiva de los inmigrantes en la sociedad catalana. Según Ediciones EL PAÍS S.L., «Cataluña se configurará como “ventanilla única” en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; y también expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del registro del NIE.»

¿Qué sigue?

En las próximas semanas, se estarán observando de cerca los primeros pasos de Cataluña en la gestión de sus nuevas competencias en materia de inmigración. La implementación efectiva del acuerdo, la coordinación con las diferentes administraciones y la respuesta a las posibles impugnaciones legales serán clave para determinar el éxito de este nuevo modelo. Lo que está claro es que este acuerdo marca un antes y un después en la relación entre Cataluña y el Estado central, y que su impacto se extenderá mucho más allá de las fronteras catalanas.