Cataluña está avanzando hacia un modelo propio de gestión migratoria
En un giro significativo para la política autonómica española, Cataluña está en camino de desplegar un «modelo propio» y una «política integral» de inmigración, según lo estipulado en un reciente acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts. Este pacto, negociado con la máxima discreción, está redefiniendo los roles en la gestión migratoria, permitiendo a la Generalitat asumir responsabilidades clave que antes recaían en el gobierno central.
El acuerdo, que ha sido detallado por María Martín de El País, implica ajustes significativos en la emisión de autorizaciones de residencia y trabajo, y aborda cuestiones particularmente sensibles como el control de fronteras y las devoluciones. Se proyecta que los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, incrementen su plantilla hasta alcanzar los 26.800 efectivos en 2032, asumiendo la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la ejecución de las devoluciones, funciones tradicionalmente ejercidas por la Policía Nacional (Ediciones EL PAÍS S.L., 2025).
¿Qué implica esta delegación de competencias?
Aunque el acuerdo no implica una transferencia total de competencias, sino una delegación, Cataluña podrá desarrollar un modelo propio de inmigración. Esto significa que, aunque el Estado mantiene la titularidad competencial, la Generalitat tendrá la capacidad de implementar políticas y procedimientos adaptados a las necesidades y realidades específicas de la región.
Puntos clave del acuerdo:
- Seguridad en puertos y aeropuertos: Los Mossos colaborarán con la Policía Nacional y la Guardia Civil para garantizar la seguridad en puntos estratégicos como puertos y aeropuertos.
- Control de pasaportes y rechazos en frontera: Los Mossos desplegarán unidades especializadas para el control de pasaportes y documentos de viaje, lo que les permitirá denegar la entrada a extranjeros con prohibición de ingreso al territorio.
- Gestión de devoluciones y expulsiones: La Generalitat instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente, aunque estas son limitadas en Cataluña. Además, tendrá influencia en las expulsiones que sí requieran expediente, proponiendo expulsiones tras la valoración de criterios establecidos por la Junta de Seguridad de Cataluña.
- Control del CIE de Zona Franca: La Policía Nacional cederá la gestión del CIE de Zona Franca en Barcelona a la Generalitat.
- Ventanilla única para autorizaciones: Cataluña se convertirá en una «ventanilla única» para diversos tipos de autorizaciones de residencia y estancias académicas, gestionando los expedientes y decidiendo sobre su concesión.
- Lucha contra la trata y la explotación: Los Mossos asumirán la competencia en la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.
Implicaciones y controversias
Este acuerdo está generando diversas reacciones. Por un lado, se valora la posibilidad de que Cataluña gestione de manera más eficiente y adaptada a su realidad la política migratoria. Por otro, surgen interrogantes sobre cómo se coordinarán estas nuevas competencias con las políticas estatales y las relaciones con los países de origen en materia de expulsiones.
Además, el acuerdo no aborda la integración y la acogida de solicitantes de asilo, áreas que tienen un impacto significativo en la gestión migratoria. Este vacío plantea desafíos en cuanto a la capacidad de Cataluña para ofrecer una política integral que abarque todas las fases del proceso migratorio.
Retos futuros
La implementación de este acuerdo representa un desafío considerable. Será crucial establecer mecanismos de coordinación eficientes entre la Generalitat y el gobierno central, así como garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de las nuevas competencias.
También será fundamental abordar las preocupaciones relacionadas con la integración y la acogida de solicitantes de asilo, desarrollando políticas y programas que promuevan su inclusión social y económica.
«La clave del éxito de este acuerdo residirá en la capacidad de Cataluña para desarrollar un modelo propio que responda a sus necesidades y realidades, al tiempo que se garantiza la coordinación y la colaboración con el resto del Estado.»
En resumen, Cataluña se encuentra en un momento crucial en la gestión de la inmigración, asumiendo nuevas competencias que podrían transformar la forma en que se abordan los desafíos y oportunidades que plantea la movilidad humana.
