Un centenar de personas sin hogar viven en el Aeropuerto Internacional Josep Tarradellas Barcelona-El Prat desde enero y carecen de asistencia social. Las cuatro administraciones implicadas en la gestión, Aena, los ayuntamientos de El Prat y Barcelona, y la Generalitat de Cataluña, luchan por firmar un acuerdo que satisfaga a todas las partes sobre las responsabilidades de cada uno en la atención a estas personas, que se reparten entre las terminales, las zonas intermodales y en pequeños asentamientos en los terrenos aledaños.
Falta de asistencia social
El Ayuntamiento de Barcelona retiró en enero a las dos trabajadoras sociales que intervenían en el aeropuerto, a la espera de un nuevo acuerdo. Las administraciones confían en que próximamente se firme un pacto para afrontar una situación, que se ha agravado en los últimos años con el incremento de personas que habitan en la infraestructura aeroportuaria.
Las personas sin hogar que residen en el aeropuerto carecen de asistencia social, lo que genera una situación de vulnerabilidad y precariedad. La falta de un seguimiento por parte de especialistas impide que reciban la atención adecuada a sus necesidades, tales como problemas de salud física y mental, adicciones o dificultades de inserción social.
Responsabilidades y disputas
Las administraciones implicadas se culpan mutuamente por la falta de soluciones. La Generalitat esgrime que la atención básica compete a los ayuntamientos, mientras que estos alegan que la infraestructura es propiedad del Estado y, por tanto, es responsabilidad de la Generalitat o de Aena.
Mientras tanto, las personas sin hogar siguen viviendo en el aeropuerto en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos como atención sanitaria, alimentación o higiene. La falta de un convenio que permita una acción directa sobre el terreno se traduce en una ausencia de protocolos de actuación y en una descoordinación entre las administraciones.
Medidas urgentes
La situación requiere medidas urgentes para garantizar la protección y el bienestar de las personas sin hogar que residen en el aeropuerto. Es necesario que las administraciones implicadas se pongan de acuerdo y firmen un convenio que establezca claramente las responsabilidades de cada una.
Este convenio debe contemplar la prestación de servicios básicos, como atención sanitaria, alimentación e higiene, así como la implementación de programas de inserción social y laboral. También es esencial que se establezca un protocolo de actuación para casos de emergencia y que se dote al aeropuerto de los recursos necesarios para atender a las personas sin hogar.
Solidaridad ciudadana
Ante la falta de asistencia social, algunas organizaciones y ciudadanos se han movilizado para ayudar a las personas sin hogar que viven en el aeropuerto. Reparten comida, ropa y mantas, y les ofrecen apoyo emocional y compañía.
Sin embargo, estas iniciativas son insuficientes para cubrir las necesidades de las personas sin hogar. Es necesario que las administraciones públicas asuman su responsabilidad y garanticen el bienestar de estas personas.
