El cierre de dos investigaciones sobre el contrato del que se benefició el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha logrado despejar las dudas sobre la operación. Las pesquisas, a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea, concluyeron sin acreditar la fiabilidad del material suministrado y evidenciando la falta de colaboración de las autoridades chinas.
El contrato, por valor de 1,5 millones de euros, fue adjudicado a Priviet Sportive, empresa propiedad del amigo íntimo de Tomás Díaz Ayuso, Daniel Alcázar, para la compra de 250.000 mascarillas. Las pesquisas se iniciaron ante las sospechas de que el material suministrado no cumplía con los estándares de calidad exigidos y que se había vendido a un precio inflado.
Primer fabricante sin acreditación
Inicialmente, los investigadores identificaron a una empresa china de cables eléctricos como el proveedor del material. Sin embargo, tras dos meses de investigaciones, Alcázar cambió su versión y aseguró haber comprado a otra empresa, una fábrica de aluminio. Ninguna de las dos compañías figuraba en las "listas blancas" de productores autorizados por el Gobierno de Pekín.
La Fiscalía Europea, que abrió su investigación propia al haberse realizado la compra con fondos Feder, ha sido la que más dudas ha planteado sobre la operación. El repentino cambio de versión de los investigados, sumado al desconocimiento del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) sobre el segundo fabricante, llevó a los fiscales a sospechar de una posible estafa.
Certificados de dudosa validez
La clave del examen de los fiscales ha sido la presentación de los certificados de calidad de las mascarillas. Uno de ellos fue emitido por la empresa china Shanghai Global Testing Services, cuya validez no pudieron verificar las fiscalías por la falta de colaboración de las autoridades chinas. El otro certificado, aportado por la Fiscalía Anticorrupción, pertenece a un laboratorio italiano que no estaba autorizado por la Comisión Europea para acreditar mascarillas.
A pesar de las dudas sobre la validez de los certificados, los fiscales europeos dieron por probado que las mascarillas fueron suministradas por la segunda fábrica y concluyeron que disponía de una acreditación del Gobierno chino, aunque no hubiese quedado demostrado que esa autorización fuese para validar mascarillas.
Falta de transparencia
La falta de transparencia de los investigados también ha entorpecido las pesquisas. Alcázar no aportó correos electrónicos de Priviet con los fabricantes y solo entregó dos fotografías del supuesto momento de la entrega en las que no se veían con claridad los certificados de las cajas.
El cierre de las investigaciones, sin haber podido acreditar la fiabilidad del material suministrado, deja un sabor amargo y pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en la contratación pública, especialmente en situaciones de emergencia como la pandemia de COVID-19.
