El Constitucional admite recurso del PSOE contra ley de Ayuso que reforma instituciones clave

El Tribunal Constitucional acepta estudiar el recurso del PSOE contra la ley de Ayuso

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE de Madrid contra la Ley 2/2023, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso y mejora de la gestión pública y el crecimiento económico de la Comunidad de Madrid, conocida como ley ómnibus. La norma, aprobada por la Asamblea de Madrid el pasado mes de diciembre, fue recurrida por el PSOE por considerar que vulnera varios artículos de la Constitución.

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Entre los aspectos impugnados por el PSOE se encuentra la modificación del sistema de elección de los miembros de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que pasará a ser similar al de elección de la Mesa de la Asamblea. Esta modificación, según el PSOE, otorga al partido mayoritario en la Asamblea el control absoluto del organismo fiscalizador, vulnerando el principio de independencia de este órgano.

El PSOE también impugna la eliminación del Consejo de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad de Madrid, así como la creación de un nuevo órgano, la Autoridad Independiente de Transparencia, que será presidido por una persona designada por el Gobierno regional. Según el PSOE, esta reforma debilita la transparencia y la participación ciudadana en la Comunidad de Madrid.

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Además, el PSOE impugna la modificación de la Ley de Telemadrid, que permitirá al partido mayoritario en la Asamblea controlar el nombramiento del director general de la cadena pública. Según el PSOE, esta reforma atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos.

El TC tendrá ahora que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley 2/2023. La admisión a trámite del recurso no implica que el TC vaya a declarar inconstitucional la norma, pero sí abre la puerta a que sea debatida y analizada por el tribunal.

La Ley 2/2023 es una de las leyes más polémicas aprobadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso. La norma ha sido criticada por la oposición, que considera que vulnera derechos fundamentales y debilita las instituciones democráticas.