El Gobierno argentino rechaza las acusaciones de Maduro contra el gendarme Nahuel Gallo
El Gobierno argentino emitió un comunicado este martes en el que rechaza las acusaciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, quien se encuentra detenido en ese país.
Maduro acusa a Gallo de planear atentar contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez
Maduro había acusado a Gallo de formar parte de un plan criminal para atentar contra la vida de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Sin embargo, el Gobierno argentino asegura que estas acusaciones son "falsas e infundadas" y que Gallo ingresó a Venezuela de manera legal.
El comunicado del Gobierno argentino
En el comunicado, el Gobierno argentino afirma que "la República Argentina rechaza categóricamente las falsas e infundadas acusaciones del dictador Nicolás Maduro contra el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, a quien ha señalado, sin prueba alguna, de intentar afectar la seguridad de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estas afirmaciones carecen de sustento fáctico y jurídico".
El Gobierno también exige "una vez más, la inmediata e incondicional liberación de Nahuel Agustín Gallo, garantizando su integridad física y psíquica", así como también "el pleno respeto a sus derechos humanos, conforme al derecho internacional y los tratados bilaterales vigentes entre ambos países".
El informe de la CIDH
El comunicado del Gobierno argentino también hace referencia al reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que expone "las graves irregularidades cometidas por el régimen de Nicolás Maduro, que utiliza el aparato estatal como herramienta de control político y social para perpetuarse en el poder y obstaculizar los esfuerzos legítimos de la oposición democrática".
El Gobierno argentino manifiesta su repudio a "estos atropellos" y hace un llamado a la comunidad internacional a condenar enérgicamente estos actos criminales y violatorios del derecho internacional."
El Gobierno argentino reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en la región y seguirá impulsando acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) y los organismos internacionales competentes, responsabilizando al régimen de Maduro por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, abuso de poder e incumplimiento de sus obligaciones internacionales, con el firme propósito de que dichas violaciones sean investigadas y sancionadas.
