El Gobierno vasco concede el tercer grado a Ibon Fernández Iradi, exjefe de ETA

El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado o semilibertad al preso de ETA Ibon Fernández Iradi, alias Susper, exjefe de la banda armada al que se le intervino abundante documentación interna de la organización terrorista conocida como los papeles de Susper cuando fue detenido en 2002.

Un paso previo a la libertad condicional

Esta medida penitenciaria, que permite a los reclusos salir de prisión de lunes a jueves para dormir, es un paso previo e imprescindible para que Fernández Iradi pueda solicitar la libertad condicional.

Condena por múltiples atentados

La Policía adjudica a Fernández Iradi, de 52 años, un largo historial de atentados, entre ellos varios asesinatos, durante su integración en el comando Buruntza de ETA entre 2000 y 2001. Tras dar el salto a la cúpula de la organización terrorista, fue detenido en Francia en diciembre de 2002.

Los papeles de Susper, un duro golpe a ETA

Su detención supuso un duro golpe para ETA, ya que entre los documentos intervenidos se encontraban datos sobre decenas de personas a las que la organización había contactado. La policía española logró descifrar los nombres que aparecían en aquellos documentos, lo que permitió la detención de 70 supuestos nuevos reclutas de la banda.

Enfermedad y traslado a España

Fernández Iradi sufría esclerosis múltiple desde 2011, por lo que durante su estancia en las cárceles francesas había solicitado su excarcelación. Sin embargo, la justicia francesa se la denegó. En octubre de 2022 fue trasladado a la prisión donostiarra de Martutene, donde ha logrado la semilibertad por motivos de salud.

71 etarras en régimen abierto

Con la concesión del tercer grado a Fernández Iradi, ya son 71 los integrantes de la extinta organización terrorista ETA que acceden al régimen abierto en las cárceles vascas desde que el Gobierno vasco asumió su gestión en 2021.

Las víctimas, recelosas

Algunas asociaciones de víctimas del terrorismo recelan de que esta medida se aplique a los presos etarras, mientras que el PP y Vox acusan al Gobierno vasco de plantear un modelo penitenciario "a la medida de ETA".