El Gobierno alcanza un acuerdo con Bildu para reformar la 'ley mordaza'
Tras un año y medio de negociaciones, el Gobierno y Bildu han cerrado un acuerdo para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza'. El pacto incluye cambios en el uso de material antidisturbios, la desobediencia a la autoridad, las faltas de respeto a los agentes y las devoluciones en caliente.
El acuerdo se sustanciará en una proposición de ley que se basará en el dictamen que decayó en marzo de 2023 en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados por la resistencia del PSOE a incluir los puntos mencionados.
Puntos clave del acuerdo
- Prohibición expresa del uso de pelotas de goma por parte de la policía para hacer frente a altercados callejeros.
- Regulación del uso de material antidisturbios, como porras y escudos.
- Modificación del delito de desobediencia a la autoridad, que pasará a sancionarse únicamente con multas.
- Eliminación del delito de faltas de respeto a los agentes.
- Regulación de las devoluciones en caliente, estableciendo garantías para los inmigrantes.
El acuerdo alcanzado por el Gobierno y Bildu aún debe ser aprobado por el Congreso de los Diputados, pero cuenta con el apoyo de ERC, que ya había tumbado la anterior propuesta de reforma de la 'ley mordaza' por considerarla insuficiente.
“Este acuerdo es un paso importante hacia la garantía de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”, ha afirmado el portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua.
Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado que la reforma de la 'ley mordaza' es una “necesidad urgente” para “proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar el orden público”.
“Estamos convencidos de que esta reforma permitirá mejorar la convivencia y el respeto a los derechos humanos en nuestro país”, ha afirmado Grande-Marlaska.
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior
La reforma de la 'ley mordaza' es una de las promesas electorales del Gobierno de Pedro Sánchez. El objetivo es derogar o modificar los aspectos más controvertidos de la ley, que fue aprobada en 2015 por el Gobierno del PP con el apoyo de Ciudadanos.
