El independentismo catalán presiona al Gobierno para agilizar la amnistía
Apenas un día después de su aprobación en el Congreso, el independentismo catalán comenzó este viernes a presionar al Gobierno para que publique la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y acelere los trámites para garantizar que los beneficiarios de la norma, encabezados por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, puedan regresar a España lo antes posible.
De los plazos en la activación de la amnistía, que entrará en vigor una vez se publique en el diario oficial, dependen en parte las posibilidades de que el líder de Junts asista presencialmente al Parlament de Cataluña en el próximo debate de investidura, como aseguró en campaña electoral. La sesión plenaria está prevista como máximo para el 25 de junio.
El abogado de Puigdemont denuncia que el Gobierno retiene la publicación de la ley
En un acto electoral desde Bruselas, Puigdemont no concretó este viernes ninguna fecha, aunque sacó pecho de su trabajo en Europa: "Ahora el Estado español tiene menos margen para actuar contra disidentes políticos. Antes había barra libre", dijo. También están pendientes de garantizar su regreso una decena de personalidades del ámbito social y político, como el diputado de ERC Rubén Wagensberg.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, denunció este viernes que el Gobierno tiene "embargada" la publicación de la ley a propósito. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, negó esa acusación: "Se están haciendo los trámites [correspondientes] y se publicará, como todas las leyes, cuando toque", aseguró el socialista en un mensaje que buscó normalizar los ritmos de publicación.
El Tribunal Supremo podría retrasar la vuelta de Puigdemont
Boye sostuvo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "retiene" la publicación de la ley para que el PSOE no salga perjudicado durante la campaña de las elecciones europeas y porque tiene "miedo al empuje electoral" de Puigdemont. En una entrevista en Rac1, el abogado añadió que el Gobierno hace "muchas cosas que son rayanas con la ilegalidad" y puso en cuestión los tiempos de este proceso.
Pese a la presión independentista, el Tribunal Supremo podría retrasar la vuelta de Puigdemont a España al considerar que la medida cautelar solo se puede levantar una vez que el tribunal tenga clara su decisión sobre la amnistía. Si acude al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) o al Constitucional, se dará a las acusaciones un plazo de 10 días hábiles para responder, por lo que es previsible que la Sala Penal no dicte ninguna resolución sobre la orden de detención hasta, como pronto, la segunda mitad de junio.
Los jueces podrían enfrentarse a acusaciones de prevaricación si no aplican la ley
El propio Boye concretó que Puigdemont no tiene previsto regresar a España "automáticamente, cuando aparezca en el BOE", sino en función de cuándo se celebre el debate de investidura en el Parlament. El abogado ha recordado que sí podrían hacerlo los republicanos Marta Rovira y Rubén Wagensberg, ambos actualmente en Suiza.
A pesar del optimismo reinante en las filas independentistas, parte del colectivo observa con recelos la predisposición de algunos jueces de aplicar la ley en la mínima expresión tras conocer hace unos días que hizo circular desde unos correos corporativos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una guía para escapar de la ejecución de la nueva norma.
Palabras clave:
- Amnistía
- Cataluña
- Carles Puigdemont
Sección:
Política
Palabras clave en inglés:
- Amnesty
- Catalonia
- Carles Puigdemont
Personas o compañías principales:
- Carles Puigdemont
- Pedro Sánchez
- Gobierno de España
- Tribunal Supremo
País:
España
Autor:
Alfredo
Título:
El independentismo presiona al Gobierno por la amnistía y el regreso de Puigdemont
Resumen:
El independentismo catalán urge al Gobierno a publicar la ley de amnistía en el BOE y acelerar los trámites para garantizar el regreso de Carles Puigdemont y otros líderes independentistas. El abogado de Puigdemont denuncia que el Gobierno retiene la publicación de la ley por motivos electorales, mientras que el Tribunal Supremo podría retrasar su vuelta a España. Pese al optimismo independentista, existen dudas sobre la predisposición de algunos jueces a aplicar la ley.
