La Fiscalía pide la recusación del magistrado Macías en el debate sobre la amnistía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un escrito de 20 folios en el que solicita la recusación del magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías, para que no participe en la deliberación sobre los recursos a la ley de amnistía.

Argumentos de la Fiscalía

El ministerio público argumenta que Macías no puede ser el ponente del recurso presentado por el PP porque cuando formaba parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tuvo una participación activa en actuaciones oficiales contra la amnistía, como el informe que el órgano presentó en contra de la proposición de ley.

La Fiscalía considera que estas manifestaciones de Macías contra la ley de amnistía van en contra del deber de imparcialidad que debe tener un magistrado del Tribunal Constitucional.

Recursos y cuestiones de inconstitucionalidad

El Tribunal Constitucional ha recibido un total de 16 recursos y cuatro cuestiones de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, que entró en vigor el pasado 11 de junio.

Los 16 recursos proceden del PP y de parlamentos o gobiernos de comunidades autónomas gobernadas por el PP, excepto Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE.

Las cuatro cuestiones de inconstitucionalidad han sido presentadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo.

Causas de recusación

La recusación de la Fiscalía contra el magistrado Macías se basa en los apartados 13 y 16 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que tipifican las siguientes causas de abstención o recusación:

  1. Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo.
  2. Haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad.

El Tribunal Constitucional deberá ahora decidir si acepta o no la recusación del magistrado Macías.