El PP maniobra legalmente para evitar la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de la memoria de la represión franquista
El Partido Popular (PP) de Isabel Díaz Ayuso está recurriendo a "todos los recursos legales" a su alcance para impedir que el gobierno central declare la Real Casa de Correos, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid y antiguo centro de torturas y cárcel durante la dictadura franquista, como lugar de memoria democrática.
El gobierno autonómico ha presentado alegaciones contra la decisión administrativa de recordar el pasado del edificio con una placa conmemorativa. Además, el PP ha registrado en la Asamblea de Madrid una enmienda a una ley en trámite que no guarda relación con este asunto, con el objetivo de que la instalación de "cualquier placa o distintivo" en la Real Casa de Correos requiera "la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid". Es decir, se pretende aprobar una ley para que Díaz Ayuso pueda vetar su colocación.
"Intentar vincular este edificio histórico con el franquismo es una auténtica barbaridad", ha opinado el portavoz gubernamental, Miguel Ángel García Martín, desde Corea del Sur, donde se encuentra con Díaz Ayuso en viaje oficial.
"Tiene más de 250 años de historia y ha tenido distintos usos. Es un espacio de concordia, de encuentro, de todos los madrileños", ha argumentado. "Por eso no solo vamos a presentar alegaciones, sino que vamos a utilizar todos los recursos legales a nuestro alcance para tratar de parar lo que a todas luces atenta contra la capacidad de autogobierno y las competencias exclusivas del gobierno de la Comunidad de Madrid".
En sus alegaciones, el Ejecutivo autonómico expone que "el acuerdo vulnera las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de gestión de su patrimonio, defensa del patrimonio histórico, funcionamiento de una institución de autogobierno, y ataca el funcionamiento de una institución de autogobierno".
Además, el gobierno regional denuncia que "el Estado ha actuado con una total falta de lealtad institucional", ya que no le comunicó su decisión de declarar el edificio como lugar de memoria democrática hasta que publicó la decisión en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El PP ha aprovechado su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid para registrar una enmienda sobre este asunto en la Proposición de Ley de Medidas para la Mejora de la Gestión Pública. El objetivo es modificar la Ley 1/1983 del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid a través de esta norma ómnibus, en la que se deciden decenas de cambios de distintas leyes en una sola votación.
Con ello, el PP busca asegurarse de que el gobierno regional tenga que dar su consentimiento previo a la instalación de cualquier placa en un edificio que también es Bien de Interés Cultural (BIC). La excusa es garantizar, dice la enmienda, "la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia" en la sede del gobierno.
"Vamos a registrar una serie de enmiendas a la ley de simplificación administrativa que tenemos en marcha en la Asamblea para proteger a la Real Casa de Correos como sede de la presidencia de la Comunidad", ha dicho este lunes Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea.
"El edificio de la Puerta del Sol tiene una historia de más de 250 años, ha sido sede de distintas instituciones del Estado, es la casa de todos los madrileños, y así queremos que continúe", ha añadido.
"Es un edificio que pretendemos mantener la neutralidad, ese carácter institucional, la pluralidad, el respeto a la verdad, a la historia, y ese carácter que tiene desde hace muchos años como sede de la presidencia regional", ha seguido.
A finales de octubre, el gobierno regional reaccionó con severidad a la resolución de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática del gobierno central que declaraba la sede del ejecutivo regional como lugar de memoria democrática, que acogió a la Dirección General de Seguridad (DGS) durante la dictadura franquista.
"Es un ataque a la presidenta", dijo entonces el consejero de Cultura, Mariano de Paco Serrano, sobre el significado del edificio que el equipo de Díaz Ayuso siempre ha intentado evitar.
Como informó EL PAÍS, el Gobierno regional ya se opuso en mayo a colocar una placa que recordara el terrible pasado del edificio, tras ser solicitado por el periodista Nino Olmeda, detenido durante la dictadura y que aún recuerda el complejo como un lugar de terror, dolor y gritos, con celdas y torturadores. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, llegó a decir entonces que el edificio tiene "muchísima historia", recordando, entre otras cosas, que en el mismo lugar se situó el Ministerio de la Gobernación de la Segunda República, "cuando también se persiguió por sus ideas a muchos madrileños".
Tanto Díaz Ayuso como el portavoz argumentaron entonces que las únicas placas que tenían cabida en la sede del Gobierno eran las ya existentes, "porque unen y no dividen". Una honra a los héroes del Dos de mayo; otra recuerda a las víctimas del 11-M y a quienes las auxiliaron; y, la última, a los fallecidos durante la pandemia de la COVID-19.
Sin embargo, el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, fue más lejos. En una carta dirigida a Olmeda, argumentó que Madrid está "plagada de inmuebles" en los que "se han cometido actos reprobables, como los sucedidos en las checas durante la Guerra Civil, sin que ninguna placa recuerde los horrores acaecidos".
En contraposición, el gobierno central argumenta la necesidad de actuar sobre un edificio que albergó horrores descritos por Mario Martínez Zauner en su libro "Presos contra Franco" (Galaxia Gutenberg, 2019).
"La declaración de Lugar de Memoria Democrática pretende rescatar del olvido y reconocer a quienes sufrieron las humillaciones, torturas o encontraron la muerte en sus dependencias", se lee.
"El edificio constituye un referente y símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo", se sigue. "Con la declaración de Lugar de Memoria se pretende contribuir al conocimiento de la verdad de lo que ocurrió en sus dependencias con la finalidad de que nunca más vuelvan a ocurrir hechos similares en nuestro país".
El proceso de declaración de lugar de memoria democrática culminaría con la colocación de una placa conmemorativa, acciones de "difusión, en múltiples soportes y formatos explicativos, de por qué es un lugar de memoria" y exposiciones, según un portavoz del gobierno central. Sin embargo, aún están por estudiar las alegaciones de la Comunidad de Madrid y los efectos de la reforma legal impulsada por el PP en la Asamblea.
