El PSOE presenta una propuesta de ley para restringir la acusación popular

El PSOE restringe la acusación popular

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El partido socialista presenta una propuesta de ley para limitar el ejercicio de la acusación popular en las investigaciones penales y prohíbe que los partidos políticos puedan ejercerla.

La propuesta de ley presentada por el PSOE ha generado numerosas críticas de la oposición, de juristas y de colectivos civiles y profesionales. Los críticos argumentan que la reforma no tiene vocación de generalidad, sino que presenta la apariencia de haber sido concebida para su específica aplicación a casos concretos.

Tendencias El PSOE propone prohibir la acusación popular a partidos y asociaciones: un paso hacia la justicia más justaEl Grupo Parlamentario Socialista registra una propuesta de ley para limitar la acusación popular y proteger los derechos fundamentales frente al acoso judicial. La medida prohibiría a partidos políticos y asociaciones ejercer la acusación popular y evitaría la admisión de denuncias sin fundamento.

Críticas a la reforma

Una de las principales críticas a la reforma es que prohíbe que los partidos políticos puedan ejercer la acusación popular. El PSOE argumenta que así se puede prevenir el riesgo de instrumentalización del proceso que dimana de su intervención activa en el debate político. Sin embargo, los críticos argumentan que esta prohibición es una ley de impunidad para la familia socialista.

Otra crítica a la reforma es que excluye a las asociaciones fiscales y judiciales de la posibilidad de ejercer la acusación popular. Los críticos argumentan que ello impediría actuar en defensa de intereses legítimos de jueces y magistrados.

Por último, los críticos también argumentan que la reforma impone numerosos límites a la participación de la acusación popular, lo que podría suponer que, en la práctica, se «vacíe» de contenido la figura de la acusación popular.

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Antecedentes

En 2020, el Ministerio de Justicia encabezado entonces por el socialista Juan Carlos Campo, actual magistrado del Tribunal Constitucional, ya elaboró un anteproyecto de ley para prohibir que los partidos y sindicatos ejerzan la acusación popular. Sin embargo, se quedó en un cajón. El PP lo había planteado igualmente cuando estaba en el Gobierno con Mariano Rajoy, pero tampoco llegó a ejecutarse.

Conclusión

La propuesta de ley del PSOE para restringir la acusación popular ha generado un amplio rechazo entre la oposición, los juristas y los colectivos civiles y profesionales. Los críticos argumentan que la reforma no tiene vocación de generalidad, sino que presenta la apariencia de haber sido concebida para su específica aplicación a casos concretos.