El Supremo archiva la causa contra el fiscal general por revelación de secretos
La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha desestimado por unanimidad el recurso presentado por la Abogacía del Estado para anular el proceso judicial abierto por revelación de secretos contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
Los tres jueces que han dictaminado (Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres) han votado en contra de su admisión. La defensa de Ortiz ya anunció a finales de enero que si esta vía fracasaba presentaría un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Origen de la causa
La causa penal abierta contra García Ortiz surge de una noticia publicada por el diario El Mundo el 13 de marzo de 2023, en la que se afirmaba que la Fiscalía ofrecía un pacto para librar de la cárcel al defraudador confeso Alberto González Amador, imputado por dos delitos fiscales y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Poco después de difundirse esta publicación, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, extendió el bulo de que González Amador no pudo responder al pacto porque «la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio».
La respuesta del fiscal general
García Ortiz declaró ante el Supremo que, tras la publicación de esa información, ordenó a sus subordinados recabar la documentación del procedimiento judicial abierto a González Amador. A las 21:56 horas, el fiscal general recibió los papeles.
Un día después y con el objetivo de desmontar la mentira que había circulado contra la Fiscalía, decidió publicar una nota pública donde se incluían los principales hitos de la negociación entre González Amador y el fiscal encargado del caso.
Esos hitos acreditaban que quien ofreció un acuerdo para librarse de la cárcel a cambio de admitir los dos delitos y pagar 500.000 euros fue la pareja de Ayuso y nunca la Fiscalía. Cuando el Ministerio Fiscal publicó la nota, todos los medios ya habían difundido el contenido de los correos electrónicos que demostraban la realidad de lo sucedido.
Varios medios de comunicación incluso han declarado ante el juez que conocían el contenido de los correos electrónicos desde varios días antes.
Querellas contra el fiscal general
El Colegio de Abogados de Madrid presentó varios días después una querella por revelación de secretos contra García Ortiz. El abogado de González Amador presentó otra querella similar por los mismos hechos.
Ambas fueron admitidas a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien envió una exposición razonada al Supremo por entender que había indicios suficientes contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefa provincial de Madrid.
Cinco magistrados del Supremo, integrantes de la Sala de Admisión, descartaron que la nota difundida por orden del fiscal general tuviera carácter delictivo, pero sí el correo electrónico, difundido por varios medios de comunicación, donde González Amador confesaba su culpa.
Instrucción de la causa
Ángel Hurtado es el magistrado al que correspondió instruir la causa. Su primera decisión fue ordenar a la Guardia Civil registrar el despacho del fiscal general del Estado y de la fiscal provincial de Madrid, así como clonar ocho meses de información —medida rectificada luego a ocho días— contenida en los dispositivos electrónicos de ambos.
García Ortiz comunicó a la Guardia Civil en el momento del registro que había cambiado de teléfono, algo que ha hecho «unas cinco o seis veces» en los últimos cuatro años, según declaró en el Supremo.
Recurso de la Abogacía del Estado
La Abogacía del Estado, defensora del fiscal general, denunció a finales de enero la instrucción dirigida por Hurtado contra Ortiz por «vulneración de derechos» —artículos 18 y 24 de la Constitución— y recurrió varios de los autos del magistrado ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, como la orden de registro.
En el recurso, la Abogacía consideraba que este auto sobre carecía de motivación suficiente.
Desestimación del recurso
La Sala de Apelaciones del Supremo ha desestimado el recurso de la Abogacía del Estado por unanimidad, lo que supone un archivo de la causa contra el fiscal general.
La defensa de Ortiz ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
