¡Última hora! El Tribunal Supremo archiva la denuncia contra Pedro Sánchez por el acuerdo con Junts
El Tribunal Supremo ha rechazado admitir a trámite la denuncia presentada por el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts el 9 de noviembre. El sindicato denunció además el posterior pacto entre los socialistas y ERC y la tramitación de la proposición de ley de amnistía.

¿Cuáles fueron los delitos imputados a Sánchez?

Manos Limpias atribuía a Sánchez presuntos delitos de usurpación de funciones (con el argumento de que la norma deja sin efecto y desautoriza las actuaciones judiciales realizadas para preservar la legalidad constitucional, “invadiendo y erosionando la exclusiva potestad jurisdiccional que la Constitución atribuye en exclusiva a jueces y tribunales”); prevaricación administrativa y cohecho.
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¿Por qué el Tribunal Supremo ha archivado la denuncia?

El Supremo descarta que los pactos entre el PSOE y los partidos independentistas puedan ser constitutivos de delito. Los magistrados reiteran que el pacto entre el PSOE y Junts es un acuerdo político que no es constitutivo de delito. “Tampoco pueden merecer esa calificación las enmiendas que los diputados, en el ejercicio de su función legislativa, pueden proponer durante la tramitación de una proposición o proyecto de ley”, señala la sala.
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¿Quiénes más fueron denunciados además de Sánchez?

Aunque el presidente del Gobierno era el objetivo principal de la denuncia presentada por Manos Limpias -a la que se adhirieron dos asociaciones-, el sindicato también pidió al Supremo que actuara contra la vicepresidenta Segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el ministro de Transportes, Óscar Puente; el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; y la eurodiputada socialista, Irache García, como cooperadores necesarios de los delitos denunciados.

¿Cuál fue el papel de la Fiscalía?

La Fiscalía pidió el archivo de la denuncia, un criterio que ha asumido el Supremo.