El Supremo respalda a jubilado: No debe devolver pensión cobrada por error
En una decisión que está generando debate en los círculos legales y administrativos, el Tribunal Supremo de España ha dictaminado que un jubilado no está obligado a devolver 12.000 euros que recibió como pensión por error del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La sentencia se basa en que el hombre no era consciente de que no cumplía con los requisitos para recibir dicha prestación. Esta decisión está siendo analizada minuciosamente, mientras los expertos están evaluando las posibles implicaciones para futuros casos similares.
Antecedentes del caso: Un error administrativo con consecuencias
Todo comenzó en abril de 2015, cuando el SEPE reconoció al afectado un subsidio por desempleo para mayores de 55 años, extendiéndose hasta que alcanzara la edad de jubilación. Previamente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) había certificado que el solicitante cumplía con el período de cotización necesario. Sin embargo, en febrero de 2018, el INSS emitió un nuevo certificado rectificando el anterior, indicando que el trabajador no reunía el período específico de cotización requerido. A pesar de esto, el jubilado había recibido 12.030,84 euros durante ese tiempo.
La batalla legal: SEPE contra jubilado
Tras descubrir el error, el SEPE interpuso una demanda contra el trabajador exigiendo la devolución de las cantidades indebidamente percibidas. Un juzgado de Madrid falló a favor del SEPE, pero el afectado apeló ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que revocó la decisión inicial, permitiéndole conservar el dinero. El SEPE, no conforme, recurrió en casación al Tribunal Supremo, argumentando una sentencia similar del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) donde se ordenó el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas. Ahora, el Supremo está desestimando las pretensiones del SEPE.
El argumento clave del Supremo: La buena fe del beneficiario
El Tribunal Supremo ha diferenciado este caso de otros similares, señalando que la trabajadora en el caso catalán era consciente de que no cumplía los requisitos para recibir el subsidio, mientras que en este caso, el jubilado no tenía conocimiento del error. El INSS había certificado inicialmente que cumplía con los requisitos, generando una confianza legítima en el beneficiario. «No es lo mismo, ciertamente, tener conocimiento de que se están percibiendo indebidamente determinadas cantidades, que no tener conocimiento de dicha circunstancia», declara el Supremo, diferenciando ambos casos.
Doctrina Cakarevic: Protegiendo a los ciudadanos de errores administrativos
Para fundamentar su decisión, el Alto Tribunal se apoya en la ‘doctrina Cakarevic’, proveniente de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta doctrina establece que si el error es de la Administración y no hubo mala fe por parte del beneficiario, no se debe exigir la devolución del dinero indebidamente percibido. Esta doctrina está siendo utilizada como base para proteger a los ciudadanos de las consecuencias de los errores administrativos.
Implicaciones y reacciones ante la sentencia
La sentencia del Tribunal Supremo está siendo recibida con reacciones mixtas. Por un lado, algunos celebran la protección de los ciudadanos frente a errores administrativos. Por otro lado, hay quienes critican la posibilidad de que se generen incentivos para no informar sobre posibles irregularidades en la percepción de prestaciones. Según fuentes de “El País” (EFE, 2025) el fallo abre un nuevo debate sobre la responsabilidad de la administración y los derechos de los ciudadanos en situaciones de errores administrativos.
¿Qué sigue ahora?
Ahora mismo, los expertos están analizando la sentencia para determinar su alcance y posibles implicaciones en futuros casos. Es probable que esta decisión siente un precedente importante en la jurisprudencia española, generando nuevas directrices sobre cómo abordar situaciones similares en el futuro. El SEPE y el INSS están revisando sus procedimientos para evitar errores similares en el futuro, según “Ediciones EL PAÍS S.L.” (2025).
- Revisión de los procesos internos del SEPE e INSS.
- Análisis del impacto de la sentencia en la jurisprudencia.
- Debate público sobre la responsabilidad administrativa y la protección de los ciudadanos.
En conclusión, la decisión del Tribunal Supremo está marcando un hito en la protección de los derechos de los ciudadanos frente a los errores de la Administración, al tiempo que plantea importantes desafíos sobre la eficiencia y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
