El Tribunal Constitucional español valora actualmente dos informes contradictorios respecto al recurso presentado por el Gobierno contra la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) aprobada por el Parlamento de Cataluña, que busca iniciar un nuevo proceso hacia la independencia de dicha región autónoma.

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Argumentos a favor de inadmitir el recurso

Uno de los informes plantea la inadmisión de la impugnación del Ejecutivo, lo que permitiría que la ILP continúe su curso y recolecte firmas de ciudadanos que la apoyen.
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Este informe cita una sentencia de abril de 2004 del Tribunal Constitucional, que rechazó un recurso del Gobierno de José María Aznar contra la tramitación del Plan Ibarretxe en el Parlamento Vasco. El tribunal consideró que el proyecto soberanista del lehendakari no podía ser recurrido porque se encontraba en trámite parlamentario y no era una "resolución, disposición o acto" susceptible de impugnación.

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Argumentos a favor de admitir el recurso

El segundo informe, sin embargo, sostiene que la ILP catalana sí puede ser impugnada porque tiene efectos externos que van más allá de la asamblea autonómica. Argumenta que la tramitación de la iniciativa implica la movilización a favor del proyecto independentista y la búsqueda de firmas de adhesión.

El recurso del Gobierno destaca la jurisprudencia del Constitucional sobre la inconstitucionalidad de cualquier intento de romper el orden constitucional y estatutario vigente en Cataluña. Cita la sentencia de noviembre de 2017 que anuló la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, conocida como "de transitoriedad jurídica y fundacional de la República".

Perspectivas sobre el debate

Fuentes tanto del sector progresista como del conservador del Tribunal Constitucional creen que es probable que la petición del Gobierno prospere y la ILP quede suspendida tras la admisión a trámite del recurso. Sin embargo, reconocen que la existencia de informes contradictorios generará un importante debate en el tribunal.

El resultado de este debate determinará si la ILP catalana puede continuar su curso o si será anulada por el Tribunal Constitucional por considerarla inconstitucional.