El Tribunal Superior de Justicia anula las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid

Las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid, anuladas por la justicia

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado varios preceptos de las tres Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) del Ayuntamiento de la capital tras un recurso presentado por el grupo municipal de Vox. El Consistorio dispone ahora de 30 días para recurrir la sentencia en casación, tiempo durante el cual las tres áreas de tráfico restringido (Distrito Centro —antes Madrid Central—, interior de la M-30 y Plaza Elíptica) seguirán en vigor, así como sus multas.

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Insuficiencia de los informes

La resolución, que no discute la necesidad e incluso obligatoriedad de delimitarlas ni la potestad del Consistorio para hacerlo, considera “insuficientes” los informes que justifican el establecimiento de estas áreas de menor tráfico reguladas por la Ordenanza 10/2021, de 13 de septiembre, por la que se modifica la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018.

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Recurso de casación

Según fuentes del TSJM, el fallo de este martes no suspende por ahora ninguna ZBE ni tiene carácter ejecutivo, es decir, que la posible anulación llegaría más adelante. El Ayuntamiento puede recurrir en casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la que se ocupa de los asuntos contencioso-administrativos. Solo en el caso de que el Supremo ratificara la sentencia se abriría un expediente de ejecución para anular estas áreas.

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Reacciones

La sentencia ha sido recibida con satisfacción por Vox, cuyo portavoz municipal, Rocío Monasterio, ha celebrado que “la libertad puede volver a Madrid”. Por su parte, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, ha aplaudido el fallo, al considerar que avala su tesis de que no se tuvo en cuenta el principio de proporcionalidad en materia medioambiental, con repercusiones económicas para los sectores más vulnerables de la población.

Medidas cautelares

AEA ha anunciado que va a solicitar que se paralice de inmediato la tramitación de todas las multas impuestas por las ZBE y que se anulen y se devuelva lo indebidamente cobrado, que cifra en 331 millones de euros.