Sánchez y Ayuso chocan por la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática
El Gobierno central declara como lugar de memoria democrática la sede del Ejecutivo madrileño, que acogió durante la dictadura la dirección general de seguridad.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reaccionado con contundencia a la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de una resolución de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática del Gobierno central que declara como lugar de memoria democrática la sede del Ejecutivo regional, que durante la dictadura franquista acogió la dirección general de seguridad.
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se ha negado hasta ahora a recordar con una placa que entre sus muros hubo calabozos, detenidos y torturas. Así describe el lugar la resolución del Gobierno estatal, que pretende reparar a las víctimas y preservar su memoria, y que supone incluir preventivamente a la Real Casa de Correos en el inventario de lugares de memoria democrática: “Es un símbolo de la represión del régimen franquista, donde miles de personas fueron detenidas, interrogadas y sometidas a tortura por motivos políticos e ideológicos”.
Como informó EL PAÍS, el Gobierno regional ya se opuso en mayo a colocar una placa que recordara el terrible pasado del edificio, tras solicitárselo el periodista Nino Olmeda, que fue detenido durante la dictadura y aún recuerda el complejo como un lugar terrorífico, lleno de dolor y gritos, con celdas y torturadores.
El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, llegó a decir que el edificio tiene “muchísima historia”, recordando, entre otras cosas, que en el mismo lugar se situó el Ministerio de la Gobernación de la Segunda República, “cuando también se persiguió por sus ideas a muchos madrileños”.
Entonces, tanto Díaz Ayuso como el portavoz argumentaron que las únicas placas que tenían cabida en la sede del Gobierno eran las ya existentes, “porque unen y no dividen”. Una honra a los héroes del Dos de mayo; otra recuerda a las víctimas del 11-M y a quienes las auxiliaron; y, la última, a los fallecidos durante la pandemia de la covid.
Sin embargo, el poderoso jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, fue incluso más lejos. Así, en una carta dirigida a Olmeda y adelantada por este diario, argumentó que Madrid está “plagada de inmuebles” en los que “se han cometido actos reprobables, como los sucedidos en las checas durante la Guerra Civil, sin que ninguna placa recuerde los horrores acaecidos”.
En esa misma línea de rechazo frontal a vincular la Real Casa de Correos con su pasado franquista se ha expresado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco: “Es una utilización torticera de los medios que permite la ley en un intento desesperado de ataque a la presidenta Díaz Ayuso”, ha sostenido en los pasillos de la Asamblea de Madrid.
“Ignoran toda la historia que tiene la Real Casa de Correos, todos los sucesos que han sucedido en ella, y para arremeter contra la presidenta y este gobierno, utilizan de manera torticera la ley de memoria democrática”, ha seguido, en referencia a que la Real Casa de Correos también ha sido, entre otras cosas, sede del Ministerio de la Gobernación de la Segunda República. Y ha rematado: “Por supuesto, este gobierno está con todas las víctimas de regímenes totalitarios. Con todas”.
El Gobierno central arguye la necesidad de recordar los horrores perpetrados en la Real Casa de Correos.
En contraposición, así argumenta el texto del gobierno central la necesidad de actuar sobre un edificio que albergó horrores descritos por Mario Martínez Zauner en “Presos contra Franco” (Galaxia Gutenberg, 2019):
“La declaración de Lugar de Memoria Democrática pretende rescatar del olvido y reconocer a quienes sufrieron las humillaciones, torturas o encontraron la muerte en sus dependencias”, se lee. “El edificio constituye un referente y símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo”, se sigue.
“Con la declaración de Lugar de Memoria se pretende contribuir al conocimiento de la verdad de lo que ocurrió en sus dependencias con la finalidad de que nunca más vuelvan a ocurrir hechos similares en nuestro país”.
De Paco también ha criticado que el Gobierno central, formado por el PSOE y Sumar, quiera reconocer al premio Nobel Vicente Aleixandre como víctima del franquismo.
“Esta decisión es un ejemplo de cómo está constantemente utilizando la cultura como un arma política”, ha dicho el consejero de Díaz Ayuso. “Si el Gobierno de España quiere dignificar la figura de Aleixandre o quiere rendir el homenaje que se merece nuestro Premio Nobel, que, entre otras cosas, fue académico de la Real Academia de la Lengua en 1950, mucha represión yo no veo ahí (...) lo que tiene que hacer es comprar Velintonia y adquirir el legado del poeta”, ha opinado, en referencia al roce entre su consejería y el Ministerio de Cultura por la compra del chalet del poeta, que Madrid está intentando cerrar por 3,2 millones de euros.
El miércoles, precisamente, la Comisión Constitucional del Congreso de los diputados votó a favor de reconocer al edificio de la Puerta del Sol como lugar de memoria democrática, una iniciativa de Sumar impulsada por los representantes de Más País que contó con el rechazo de PP y Vox.
Sobre esta instalación, la resolución del Gobierno central recuerda que “asumió un papel fundamental en la vigilancia, control y represión de republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, liberales y cualquier persona sospechosa de tener simpatías por las ideas contrarias al régimen”. También, que “en sus dependencias se llevaron a cabo interrogatorios y torturas y, aunque nominalmente su función era asegurar el orden público, en la práctica actuaba como una policía política al servicio del régimen con facultades extraordinarias para actuar en defensa del Estado franquista”. Y se subraya: “Cualquier forma de oposición, ya fuera intelectual, política o armada, era vigilada y perseguida por la DGS”.
Las torturas, dice el texto, fueron “sistemáticas”. Tanto, que, se argumenta, tuvieron un efecto psicológico: “El edificio se convirtió en un símbolo del terror estatal, y su mera mención evocaba imágenes de brutalidad y sufrimiento”.
Además de la resolución vinculada a la Real Casa de Correos, el BOE recoge otras dos vinculadas a Madrid: la antigua cárcel de Carabanchel y la tapia del cementerio de la Almudena en la que fueron fusiladas el 5 de agosto de 1939, cuatro meses después de acabar la Guerra Civil, las Trece Rosas, un grupo de mujeres acusadas por la dictadura franquista de rebelión.
Las tres incoaciones, según el texto publicado, responden a la voluntad de la Ley de Memoria Democrática de 2022 de reconocer como lugares de memoria aquellos enclaves relacionados con la lucha por “los derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra de España (1936-1939), la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos”.
