Feijóo arremete contra el acuerdo de inmigración entre el PSOE y Junts
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), está elevando el tono de sus críticas contra el reciente acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts per Catalunya sobre la delegación de competencias en materia de inmigración. Feijóo está describiendo este pacto como «la cesión más grave que hemos vivido en la historia constitucional», superando incluso la polémica ley de amnistía para los independentistas catalanes, según fuentes de Elsa García de Blas (2025).
¿Qué está en juego según Feijóo?
Feijóo está argumentando que este acuerdo «compromete la seguridad nacional» y se está comprometiendo a revertirlo si llega al poder. El PP está estudiando todas las vías posibles, incluyendo la judicial, para impugnar el pacto. La preocupación central del líder popular reside en que las consecuencias de este acuerdo, según él, «desbordan la coyuntura local» y afectan directamente la unidad de la nación.
«No se perpetra solo con el artículo 149 de la Constitución, sino que se perpetra contra el [artículo] 2 de la Constitución, contra la unidad de la nación», afirmó Feijóo durante un congreso de Faconauto en Madrid.
El trasfondo del acuerdo y las críticas
El líder del PP está cuestionando la motivación detrás del acuerdo, argumentando que la única razón para esta decisión es la exigencia de un partido político, en clara referencia a Junts. Aunque el PP ha llegado a acuerdos puntuales con el partido de Carles Puigdemont en el pasado, como el que tumbó el impuesto a las eléctricas, insiste en que estos no implicaban «cesiones» de tal magnitud. Feijóo está advirtiendo sobre las graves consecuencias que este pacto podría acarrear, insistiendo en que la gestión de fronteras es un asunto de seguridad nacional y que el actual presidente, Pedro Sánchez, estaría comprometiendo dicha seguridad para mantenerse en el poder.
¿En qué consiste el acuerdo realmente?
Es importante señalar que el acuerdo entre el PSOE y Junts no implica la delegación total del control de fronteras, sino una parte limitada, como el control documental. Esta delegación se realizaría mediante el artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Estado transferir o delegar facultades a las comunidades autónomas mediante ley orgánica. Sin embargo, el PP de Feijóo está considerando que esta delegación específica es inconstitucional, argumentando que «el Gobierno nos está desprotegiendo con el desmantelamiento del control fronterizo del Estado».
Antecedentes y posibles escenarios
La situación actual se está tornando compleja. Es crucial recordar que el artículo 150.2 ha sido utilizado en el pasado por diversos gobiernos para delegar competencias, incluyendo el gobierno de José María Aznar, que cedió a la Generalitat las atribuciones sobre el tráfico tras un pacto con Jordi Pujol. Ahora, el Tribunal Constitucional podría tener la última palabra sobre la legalidad de esta medida, si el PP decide recurrirla. Además, el plan no está teniendo un camino fácil en el Congreso, debido al rechazo de Podemos, que desconfía de que una Generalitat liderada por Junts —a quien considera un partido antiinmigración— garantice los derechos de los inmigrantes. En este sentido, se está observando que:
- El PP está preparando una ofensiva legal y política.
- Podemos está expresando serias dudas sobre la protección de los derechos de los inmigrantes.
- El PSOE está defendiendo la constitucionalidad del acuerdo, amparándose en el artículo 150.2.
Reacciones y posibles implicaciones
Las reacciones a este pacto están siendo polarizadas y las implicaciones a largo plazo aún no están claras. Lo que sí está claro es que este acuerdo está generando un intenso debate político y jurídico en España, con el potencial de afectar significativamente la relación entre el Estado y las comunidades autónomas, especialmente en materia de inmigración. La controversia está lejos de resolverse y se anticipa un largo proceso de discusión y posibles litigios legales, con implicaciones importantes para la gobernabilidad del país. Según Ediciones EL PAÍS S.L., la situación podría escalar a niveles insospechados.
