Fiscalía respalda la no investigación al Gobierno valenciano por la DANA de octubre
La Fiscalía está rechazando el recurso presentado por la asociación Hazte Oír, la cual buscaba involucrar al Gobierno en la investigación penal relacionada con la devastadora DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó Valencia el pasado 29 de octubre, dejando un saldo trágico de 227 fallecidos. Según fuentes de El País (Joaquín Gil, 2025), el Ministerio Público considera que no existen fundamentos para imputar a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, por presuntas irregularidades en la gestión de la crisis.
El rechazo al recurso de Hazte Oír
El recurso de apelación presentado por Hazte Oír contra la decisión de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, quien está a cargo de la investigación penal de la riada, ha sido desestimado. La Fiscalía argumenta que los hechos presentados no constituyen delito alguno y que la resolución de la magistrada se ajusta a derecho. Esta decisión representa un nuevo revés para la asociación, que ha intentado infructuosamente participar en la causa.
«Los hechos no son constitutivos de delito y la resolución recurrida se ajusta a derecho», se está sosteniendo desde el ministerio público, según el documento al que tuvo acceso El País (Gil, 2025). La fiscalía considera que la delegada del gobierno no incurrió en ninguna falta al no solicitar al Ministerio del Interior la declaración del estado de emergencia.
La Fiscalía califica de «absurdo» el argumento de Hazte Oír, comparándolo con la situación en la que varios conductores se niegan a socorrer a las víctimas de un accidente de tráfico, y se presenta una querella contra uno de ellos. Este razonamiento subraya la falta de sustento jurídico en la acusación contra la delegada del Gobierno.
Competencias en Protección Civil
El Ministerio Público está recordando que la Generalitat Valenciana tiene competencia exclusiva en materia de protección civil y seguridad pública, en consonancia con lo que la jueza Ruiz Tobarra ha manifestado en varios autos. Según la Fiscalía, el Consell es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la región.
El escrito de la Fiscalía está atribuyendo al consejero autonómico en materia de Emergencias, cargo que ocupó Salomé Pradas durante la riada, la capacidad de instar al Ministerio del Interior a declarar la emergencia. Pradas, quien fue destituida por Carlos Mazón cuatro semanas después de la tragedia y actualmente está imputada, también tenía la potestad de «ejercer el mando único» y dirigir los planes de protección civil.
El papel del Cecopi y la alerta tardía
Según la Fiscalía, otra de las potestades de Pradas era constituir el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada), el dispositivo autonómico de emergencias que se reunió el 29 de octubre. En esta reunión, se tomó la decisión, entre otras medidas clave, de enviar una alerta tardía a los teléfonos móviles de la población. La misiva llegó a las 20:11 horas, cuando ya había decenas de personas fallecidas, desaparecidas y atrapadas en bajos y garajes.
Además, el Ministerio Público está considerando que la extitular de Justicia e Interior tenía la capacidad de «asumir la coordinación sobre emergencias con las administraciones local, el Estado y otras comunidades autónomas». Este señalamiento está reforzando la idea de que la responsabilidad principal en la gestión de la emergencia recaía en la Generalitat Valenciana.
Implicaciones y futuro de la investigación
La decisión de la Fiscalía está generando un debate sobre la gestión de la DANA y las responsabilidades de las diferentes administraciones. Mientras la Fiscalía está respaldando la no investigación al Gobierno central, la investigación sobre la actuación de la Generalitat Valenciana, y en particular de la consejera Salomé Pradas, sigue en curso. Este caso está sirviendo para analizar y mejorar los protocolos de actuación en situaciones de emergencia, con el objetivo de evitar futuras tragedias.
La sociedad valenciana está esperando que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades, no solo para hacer justicia a las víctimas, sino también para garantizar que las administraciones estén mejor preparadas para afrontar futuras crisis. La controversia sobre la gestión de la DANA de octubre continúa, y es probable que haya más novedades en los próximos meses.
