Las víctimas del Alvia llevan su lucha a Europa

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite la demanda presentada por las víctimas del accidente ferroviario del Alvia, ocurrido en 2013 en Santiago de Compostela y que causó 79 muertos. Los afectados piden que se repita la investigación técnica que realizó el Gobierno de Mariano Rajoy justo después del siniestro, sin garantías de independencia.

Una investigación bajo sospecha

La investigación oficial realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) exculpó a la Administración del siniestro y circunscribió la responsabilidad al maquinista, Francisco Garzón Amo. Sin embargo, las víctimas denuncian que al frente del órgano que realizó las pesquisas técnicas estaban directivos de organismos implicados en la gestión de la línea en la que se produjo la tragedia, incluido Adif.

El abogado de las víctimas, Antonio Benítez, ha celebrado la admisión a trámite de la demanda por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que considera que es "un éxito absoluto". El Consejo General de la Abogacía Española cifra en menos de un 5% el porcentaje de demandas que admite a trámite este tribunal.

La hipocresía del ministro de Transportes

Las víctimas han criticado duramente la actitud del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, quien se niega a recibirlos. Recuerdan que en 2016, cuando Puente era alcalde de Valladolid, aprobó una moción para "instar al Gobierno a constituir una comisión de investigación compuesta por expertos y técnicos independientes".

"Un acto más de hipocresía", ha concluido la plataforma de víctimas.

Precedente europeo

No es la primera vez que un organismo europeo cuestiona la investigación oficial del accidente del Alvia. En 2016, la Agencia Ferroviaria Europea emitió un dictamen en el que concluía que Renfe y Adif se habían investigado a sí mismas, aferrándose al error humano del maquinista e ignorando las "causas profundas" del siniestro.

Las víctimas del Alvia confían en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordene al Estado español a realizar una nueva investigación independiente. Consideran que es la única forma de esclarecer las responsabilidades del accidente y evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.