La Junta de Fiscales apoya la amnistía para el 'procés', pero divide al Ministerio Público
La Junta de Fiscales, el máximo órgano consultivo del Ministerio Público, ha respaldado —por 19 votos a favor, 17 en contra y una abstención— el criterio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de aplicar la ley de amnistía a los principales dirigentes del procés independentista catalán. Entre los potenciales beneficiarios están el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont —huido desde 2017—, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el exvicepresidente catalán y expresidente de ERC, Oriol Junqueras —cuya pena de prisión fue indultada en 2021, pero no de la inhabilitación para ejercer cargo público—.
La cúpula fiscal se ha mostrado fuertemente dividida, al igual que en ocasiones anteriores, pero la mayoría ha apoyado el criterio del jefe del ministerio público. García Ortiz defiende que se debe aplicar la medida de gracia también al delito de malversación de fondos públicos, en contra de la opinión de los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que dirigieron la acusación contra los principales líderes independentistas en el juicio de 2019.
Los argumentos a favor y en contra de la amnistía
La Junta de Fiscales de Sala (la máxima categoría de la carrera fiscal) se ha reunido este martes, después de que los fiscales del procés invocaran el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, un mecanismo que eleva al órgano consultivo las discrepancias entre superiores y subordinados. La reunión, que ha comenzado a las 9.30 y ha durado más de seis horas, se ha iniciado con la intervención de los cuatro fiscales que se oponen a la versión del fiscal general. Después, han intervenido la treintena de fiscales que han solicitado el turno de palabra, según las mismas fuentes.
García Ortiz ha sido el último en tomar la palabra. Ante los 36 fiscales que han asistido al encuentro —34 han acudido de manera presencial, dos ha participado manera telemática y otros dos han alegado motivos médicos para justificar su ausencia—, el fiscal general ha expuesto el sentido del informe que la Fiscalía presentará para responder a las preguntas que tanto la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que condenó a 12 líderes independentistas, como el juez del alto tribunal que ha instruido esta causa, Pablo Llarena, han formulado sobre la aplicación de la amnistía. Es decir, se ha reafirmado su criterio a perdonar al delito de malversación cometido durante el proceso independentista de otoño de 2017, al entender que, aunque existió un perjuicio patrimonial para la Administración, no es equiparable al “enriquecimiento personal de carácter patrimonial” que queda excluido en la ley de amnistía.
Las implicaciones de la amnistía
La aplicación de la amnistía al delito de malversación supone apoyar el levantamiento de las órdenes de detención que pesan todavía sobre los imputados que se encuentran fuera de España, como Puigdemont. En cualquier caso, la última palabra la tendrán los jueces que instruyen las distintas causas judiciales por el proceso independentista de otoño de 2017.
En opinión de los fiscales del alto tribunal, que tacharon la instrucción de García Ortiz de “improcedente y contraria a las leyes”, los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos que se atribuyen a los encausados por el proceso independentista sí pueden ser amnistiados, si bien no consideran lo mismo en el caso del desvío público de fondos. Según señalaron en un informe, la amnistía no se puede aplicar en el caso de la malversación de fondos públicos, al entender que “supuso un beneficio patrimonial” para sus autores.
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