La Línea se harta de esperar el acuerdo para Gibraltar: “Ya pasamos la calma tensa, ahora hay que moverse”
Miles de personas de la ciudad fronteriza con el Peñón salen a la calle en una manifestación para exigir detalles de la negociación y del plan B que tiene el Gobierno
“Ya hemos pasado de la calma tensa, ahora hay que moverse”, arenga Postigo, de 34 años, poco antes de sumarse a la protesta, a la que según el Ayuntamiento de la localidad, han acudido 12.000 personas (la Policía Local no ha hecho estimaciones).
Más de ocho años después de que el Reino Unido votase abandonar la Unión Europea —un referéndum en el que Gibraltar apostó mayoritariamente por permanecer en ella— y casi cuatro de aquel acuerdo transitorio que amortiguó las consecuencias de un Brexit duro a la espera del tratado definitivo, en la localidad fronteriza con el Peñón han dicho basta. Los vecinos han respondido masivamente a la convocatoria del Ayuntamiento linense a una marcha que, a partir de las 20.00 ha arrancado en la plaza Fariña para culminar en la acera opuesta a la entrada de la frontera del Peñón.
Nada ha cambiado desde que en la Nochevieja de 2020 España y el Reino Unido firmaron el acuerdo transitorio que esquivó las restricciones en que supondría convertirse en una frontera dura con la Unión Europea. Por ahora, las 19 rondas negociadoras entre ambos países para el tratado que aspira a eliminar los controles fronterizos no han cristalizado en un acuerdo. Pero ha habido una gota que colmó el vaso de la paciencia de los linenses y que les mostró cuál podría ser la situación en el caso de que no haya acuerdo.
La noche del pasado 10 de octubre la policía española decidió suspender los actuales acuerdos transitorios y comenzar a sellar pasaportes de gibraltareños y británicos residentes en la Roca. La medida, supuestamente tomada por un inspector, tuvo respuesta al otro y el Peñón aplicó reciprocidad a los trabajadores españoles durante las primeras horas de la mañana del día siguiente.
“Aquello fue un tapón circulatorio monumental. La cola llegaba a Campamento [una pedanía de la ciudad de San Roque], resume el alcalde de La Línea, Juan Franco.
La medida provocó escenas de caos e incertidumbre, con trabajadores que tuvieron que volver a sus casas a por su pasaporte o que descubrieron que su documento estaba caducado. “Mi cuñado se fue corriendo a la comisaría. Al final, no pudo entrar a trabajar”, explica Postigo.
Todo aquel caos pilló a Franco a punto de dar una rueda de prensa en la que debía valorar la reunión que tuvo esa semana —junto al resto de alcaldes de la comarca— con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. También pensaba hablar de los nuevos controles EES (Entry Exit System, Sistema de Entradas y Salidas) que iba a aplicar la Unión Europea en sus fronteras exteriores, pero que esa misma semana se aplazó sine die. Harto de tantos escenarios inestables y cambiantes a la espera de un acuerdo que no llega y del que no conoce el detalle, el regidor se ha plantado.
“Gibraltar tiene un plan de contingencia, o eso dice, pero nosotros no tenemos medidas ninguna o, al menos, no se conocen, ¿qué va a pasar si no hay acuerdo”, se pregunta el alcalde.
La asociación de empleados transfronterizos Ascteg ya organizó otra marcha similar en octubre de 2019 y en la de este viernes han constatado que poco ha cambiado en esa frontera que siempre mantiene a sus asociados “en alerta y en vilo”, como reconoce su portavoz, Juan José Uceda. El asesor legal de la entidad y trabajador en Gibraltar Antonio Sánchez ha remitido al Ministerio de Exteriores un extenso informe donde analiza la realidad socioeconómica de una ciudad asolada por tasas de paro cercanas al 27% y en el que asegura que la aparente ausencia en España de “política común con respecto al acuerdo y da la sensación de una lucha constante entre las distintas administraciones del Estado, situación que es aprovechada, en su beneficio, tanto por Gibraltar, como por el Reino Unido”.
Sánchez, presente en la manifestación, apuesta por “dejar los intereses partidistas a un lado y mantener un frente común para la defensa de nuestros intereses”. Pero también defiende la necesidad de dar un trato singular a La Línea, una reclamación que enarbola Juan Franco desde hace años y que le llevó a plantear una consulta ciudadana —tumbada por el Gobierno— para explorar la vía de convertirse en ciudad autónoma. En la marcha ha flotado, de hecho, buena parte de ese argumentario.
“Tengo gravísimos problemas de desempleo o pobreza y no se han atendido y hasta aquí hemos llegado”, asegura el regidor. “Parece una utopía que La Línea tenga mejoras fiscales, pero ya las tiene Ceuta, Melilla o el País Vasco y a mí no me parece ninguna tontería”, apunta Postigo.
“El Ayuntamiento no es el que tiene parados, ni una esperanza de vida de 80 años, los tiene la ciudad. No podemos estar remando solos”, añade Franco. Y en ese contexto en La Línea se preguntan qué será de la ciudad, incluso si se llega a una acuerdo. “¿A qué precio se va a poner el metro cuadrado de mi pueblo si se quita la frontera. Somos la vivienda más cara de la provincia, por detrás de Cádiz capital, ¿qué acuerdo se está firmando? No se ha tenido en cuenta nuestras circunstancias”, abunda el alcalde.
Mientras España y Reino Unido deshojan la margarita, en La Línea los nervios están destemplados. Tras el último jaleo en la frontera, la policía ha tenido que reforzar las citas para renovar el pasaporte, ante el temor de nuevos problemas. Mientras, Postigo se pregunta si su sino será como el de su abuelo: “Si mañana pasase algún follón, qué empresa acogerá a esas 15.000 personas que somos los transfronterizos. Es imposible. Con el tiempo, se están dando retazos del año 69. Nadie se ha levantado de la mesa negociadora, espero que lleguen a un acuerdo, pero que nos expliquen de verdad qué es eso de la zona de prosperidad para todos”.
