Loretta Ortiz impugna restricción del INE a la difusión de elección judicial

La ministra Loretta Ortiz Ahfl, aspirante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), está desafiando enérgicamente el reciente acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que busca restringir la difusión del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. Ortiz Ahfl, quien aspira a renovar su cargo, ha calificado el acuerdo como «ridículo» y está argumentando que este proceso, de carácter histórico, merece una difusión amplia, robusta y plural.

Un proceso que merece atención

«Al estar frente a un proceso de esta naturaleza y por tratarse de un mecanismo de elección nunca antes implementado para la renovación del Poder Judicial resulta contraproducente y hasta ridículo que su difusión quede limitada exclusivamente al INE», declaró Ortiz Ahfl. La ministra está insistiendo en que la naturaleza extraordinaria del proceso justifica la participación de diversas instituciones públicas en su difusión. Según ella, «el conocimiento constituye un requisito indispensable para garantizar tanto el derecho a ser votadas de las personas quienes ostentamos una candidatura, como el derecho al voto informado de la ciudadanía».

Argumentos contra la restricción

Ortiz Ahfl también está argumentando que la restricción es «irrazonable», especialmente dado que los propios Poderes de la Unión han participado activamente en etapas previas de este proceso. «Por un lado, se facultó a los Poderes de la Unión para participar en la postulación de candidaturas y, por otro, se les impide difundir información sobre el proceso mismo. En un sistema democrático lo más congruente sería que apegados a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad pudieran informar a la ciudadanía sobre las características, etapas y particularidades de la elección», explica la candidata a la SCJN.

En esencia, su argumento se centra en la necesidad de transparencia y acceso a la información, elementos cruciales para garantizar la legitimidad y la participación informada en un proceso electoral de esta envergadura.

Implicaciones y posibles escenarios

La impugnación de Ortiz Ahfl plantea serias interrogantes sobre el alcance de las facultades del INE y su impacto en la difusión de información relevante para la ciudadanía. La ministra advierte que esta restricción podría generar situaciones jurídicamente inaceptables, como impedir que las universidades públicas, en ejercicio de su autonomía y función académica, realicen foros informativos neutros sobre el proceso electoral judicial y las candidaturas. También limitaría la capacidad de las propias instituciones judiciales federales y locales para informar a la ciudadanía sobre la importancia de su participación en la elección.

Según Rubén Mosso, periodista de Grupo Milenio, la ministra considera que «Con esta decisión por parte del Instituto Electoral el avance en el reconocimiento de los derechos de acceso a la información y de participación ciudadana informada sufre una regresión inaceptable. Están privando a la ciudadanía de fuentes confiables, que les hablen sobre la estructura de las boletas, los criterios de votación, sobre las fechas clave del proceso y sobre todo de las funciones de los cargos judiciales sujetos a elección».

El papel del TEPJF

Ortiz Ahfl está depositando su confianza en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a quien considera que debe proteger los derechos de las personas electoras y candidatas y, en consecuencia, revocar el acuerdo del INE. La decisión del TEPJF será crucial para determinar el futuro de la difusión de este proceso electoral extraordinario y para establecer precedentes importantes en materia de acceso a la información y participación ciudadana.

Reacciones y análisis

La impugnación de Loretta Ortiz Ahfl está generando un intenso debate en los círculos políticos y jurídicos del país. Diversos analistas están señalando que la restricción impuesta por el INE podría interpretarse como una limitación indebida a la libertad de expresión y al derecho a la información, principios fundamentales en un sistema democrático. Otros, sin embargo, están defendiendo la postura del INE, argumentando que busca garantizar la equidad y la imparcialidad en el proceso electoral, evitando la injerencia de otros poderes del Estado.

La controversia también está poniendo de relieve la tensión existente entre los diferentes poderes del Estado y la necesidad de establecer mecanismos claros y transparentes para garantizar la colaboración y el respeto mutuo en el marco del Estado de Derecho.

El Futuro del Proceso Electoral Judicial

Mientras tanto, la incertidumbre persiste sobre el futuro del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. La decisión del TEPJF será determinante para definir las reglas del juego y para garantizar que este proceso se desarrolle en un marco de transparencia, participación y respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía. La sociedad mexicana está expectante ante el desenlace de esta controversia, consciente de que la independencia y la legitimidad del Poder Judicial son pilares fundamentales para la consolidación de la democracia en el país.

Como Grupo Milenio está reportando, la impugnación de Ortiz Ahfl está marcando un antes y un después en la forma en que se conciben los procesos electorales judiciales en México.