El alcalde de Madrid congela las licencias de viviendas turísticas

Multas de hasta 100.000 euros para quienes no tengan licencia

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado la congelación de las licencias para viviendas turísticas (VUT) en la capital y el endurecimiento de las sanciones a aquellos que no la tengan, con multas que irían desde un mínimo de 30.000 a un máximo de 100.000 euros.

En la actualidad, existen 14.686 viviendas de uso turístico censadas en Madrid, de las cuales unas 8.000 carecen de licencia. Según el presidente de Madrid Aloja, Adolfo Merás, estas viviendas no son ilegales, sino que se beneficiaron de un procedimiento abreviado aprobado por la Comunidad de Madrid para operar con una declaración responsable.

Sin embargo, el nuevo escenario legislativo anunciado por el alcalde de Madrid supondrá que estas 8.000 viviendas dejarán de ejercer su actividad debido al elevado importe de las multas que se les pueden imponer. Además, Merás también tiene dudas sobre la viabilidad de las 6.000 viviendas restantes ante los requisitos que se puedan incluir en el nuevo Plan General de Urbanismo, que estará listo en el primer trimestre de 2025.

¿Madrid, una ciudad sin viviendas para turistas?

El portavoz empresarial se pregunta dónde pernoctarán los 10,5 millones de viajeros que visitan la ciudad de Madrid cada año y señala que los principales beneficiados de esta medida serán los hoteles, como ha ocurrido en Nueva York, donde se aprobó una legislación similar en septiembre de 2023.

Merás considera que las viviendas de uso turístico no son las responsables de la falta de vivienda en alquiler en Madrid y rechaza las acusaciones de que generen molestias y malestar vecinal. Argumenta que el crecimiento de la población residente en Madrid ha sido vertiginoso y es el principal responsable de las dificultades para encontrar un lugar donde vivir.

El presidente de Madrid Aloja también rechaza las acusaciones de que las viviendas de uso turístico estén expulsando a la población del centro de Madrid y tiende la mano al Ayuntamiento para consensuar los nuevos cambios normativos previstos para el primer trimestre de 2025.