Madrid toma medidas contra protestas en universidades
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, planea incluir en su ley de enseñanzas superiores un régimen sancionador que castigará a las universidades donde ocurran escraches a políticos, movilizaciones estudiantiles que interrumpan las clases o actos de vandalismo. Este anuncio fue realizado el martes por el consejero de Educación, Emilio Viciana, quien mencionó las protestas estudiantiles que acompañaron la visita de Ayuso en 2023 a la Facultad de Ciencias de la Información y el corte de una vía principal en el mismo centro por estudiantes que protestaban contra Israel y apoyaban a Gaza, quienes también forzaron su entrada al vicerrectorado.
De aprobarse la norma, las universidades podrán decidir si desarrollan reglamentos disciplinarios propios para trasladar a los estudiantes la responsabilidad que la ley concentraría en los centros. Este proyecto se suma a las polémicas del Ejecutivo regional, que incluyen el frenazo al bilingüismo en los estudios de Historia, la marcha atrás en el proyecto de una Escuela Europea Acreditada en el Ramiro de Maeztu y el caos en la gestión de becas comedor del curso pasado, que obligó a entregar la ayuda a todos los solicitantes, independientemente de si cumplían los requisitos, lo que generó un sobrecoste de 17 millones de euros.
Sanciones graduales
El consejero explicó que el régimen sancionador sería gradual (leve, grave y muy grave) y podría incluir desde apercibimientos administrativos hasta sanciones económicas en casos graves. Los rectores, estudiantes y consejos sociales podrán opinar al respecto cuando se les remita el borrador del texto, previsiblemente en julio. Posteriormente, la ley pasará a información pública en el portal de transparencia regional.
Se espera que la tramitación de la ley comience en otoño en la Asamblea de Madrid, donde la mayoría absoluta del PP de Díaz Ayuso facilitaría su aprobación definitiva antes de fin de año. Si el borrador se aprueba tal como se plantea, se sabrá si las universidades y centros educativos afectados se movilizan para trasladar internamente la responsabilidad de las sanciones a los estudiantes a través de reglamentos disciplinarios.
Otros aspectos de la ley
Además del régimen sancionador, la ley de enseñanzas superiores también abordará el establecimiento de un sistema de financiación plurianual para las universidades públicas, vinculado al cumplimiento de objetivos. También se creará un distrito único de prácticas para resolver los problemas de los estudiantes de FP sanitaria en la adquisición de experiencia, se regularán las universidades privadas, las escuelas de negocios, las universidades en línea y a distancia y la colaboración público-privada.
En su proyecto de convertir a Madrid en la capital de los posgrados en español, el Gobierno regional planea establecer requisitos lingüísticos para estudiantes extranjeros, exigiendo un nivel D2 para grados y C1 para doctorados que deban acreditarse en la región. También se incluirá el requisito de acreditación como catedrático para poder ser candidato a rector, una medida diseñada para combatir aspectos de la ley universitaria estatal (LOSU) que no gustan al Gobierno regional, que intentará matizar o neutralizar allí donde pueda.
Se prevé que un espíritu similar se refleje en una nueva ley maestra para Formación Profesional.
