La prisión automática entra en vigor en México
La Cámara de Diputados de México ha aprobado una reforma a la Constitución que incluye nuevos delitos en los que los jueces podrán ordenar la prisión preventiva oficiosa, sin necesidad de una sentencia.
Delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa
Los nuevos delitos que se añaden al catálogo de prisión preventiva oficiosa son:
- Extorsión
- Narcomenudeo
- Tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas
- Defraudación fiscal
- Contrabando
- Actividades relacionadas con comprobantes fiscales falsos
Críticas a la reforma
La oposición ha criticado la reforma, argumentando que puede llevar a la prisión preventiva de cualquier ciudadano sin una sentencia firme y sólo por sospechas.
Además, señalan que organismos internacionales como la ONU han instado a México a eliminar la prisión preventiva oficiosa por ser contraria a las garantías internacionales de protección de los derechos humanos.
Defensa de la reforma
Los diputados oficialistas han defendido la reforma, argumentando que es necesaria para combatir la criminalidad y que existen países como Chile, España y Francia que también aplican la prisión preventiva oficiosa.
El diputado morenista Marcos Rosendo Medina Filigrana ha afirmado que la prisión preventiva oficiosa es necesaria porque "hay delincuentes que son muy peligrosos y que no deben estar en libertad mientras se investiga su caso".
Preocupación por un régimen totalitario
El diputado panista Santiago Torreblanca ha manifestado su preocupación de que la reforma sea un paso hacia un régimen totalitario.
Ha señalado que en países como Cuba, Venezuela y Corea del Norte se ha utilizado la prisión preventiva oficiosa para perseguir a opositores políticos.
El diputado morenista Leonel Godoy ha respondido que es "una exageración" comparar a México con esos países y que la prisión preventiva oficiosa es una herramienta necesaria para combatir la criminalidad.
Impacto en los más pobres
La diputada panista Paulina Rubio Fernández ha señalado que la reforma afectará principalmente a los más pobres, que son quienes tienen menos recursos para contratar una defensa legal que les ayude a salir de prisión.
Ha indicado que, según datos del INEGI, en 2022 había más de 226.000 personas privadas de libertad en México, y que cuatro de cada diez no contaban con una sentencia firme.
Ha pedido que no se afecte a los más pobres, que son quienes "ciertamente no tienen la capacidad de contratar una defensa legítima que los ayude a salir de prisión".
