El Poder Judicial de la Federación inicia un paro indefinido en rechazo a la reforma judicial

Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron este lunes 19 de agosto un paro indefinido de labores en todo el país, en rechazo a la posible reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Origen del conflicto

La reforma judicial propuesta por el gobierno pretende someter al Poder Judicial de la Federación, el cual es el único contrapeso entre los Poderes de la Unión “y garante de los derechos de todo el pueblo de México, contra los abusos y arbitrariedades de las autoridades”, según denuncian los trabajadores.

Además, la reforma atenta contra los derechos de la base trabajadora, pues pretende eliminar la carrera judicial (de oficiales, actuarios y secretarios), como sistema de mérito para acceder a los cargos de juzgadores.

Desarrollo del paro

El paro indefinido de labores se inició con el cierre de las instalaciones del Palacio de Justicia Federal y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en la Ciudad de México. Los trabajadores colocaron cadenas y candados en los accesos a los edificios.

El paro se extenderá a lo largo del día 19 de agosto en las sedes del Poder Judicial de la Federación en todo el país.

Reacciones

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) expresó su preocupación por los efectos que la reforma propuesta al Poder Judicial de la Federación pueda tener en el derecho de acceso a la justicia de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Las organizaciones de trabajadores del Poder Judicial hicieron un llamado a organizaciones civiles, a las barras de abogados, a todas las universidades, asociaciones de defensa de los derechos humanos, a la asociación de madres buscadoras, sindicatos y colectivos, “a sumarse en defensa de nuestro país, a la defensoría y asesoría jurídica oportuna y eficiente”.

Perspectivas

El paro indefinido de labores del Poder Judicial de la Federación plantea un desafío al gobierno federal, que busca reformar el sistema judicial mexicano. La resolución del conflicto dependerá de la capacidad de diálogo y negociación entre las partes involucradas.