En España, el debate sobre el uso de pistolas eléctricas, también conocidas como Táser, por parte de las fuerzas del orden sigue intensificándose. Un informe reciente del Ministerio del Interior revela que estos dispositivos están siendo empleados con mayor frecuencia, especialmente en situaciones relacionadas con desórdenes públicos. Según datos recopilados por El País (Óscar López-Fonseca, 2025), durante los dos primeros meses de 2025, la Policía Nacional y la Guardia Civil recurrieron a estas armas en 22 ocasiones, y en la mitad de ellas, el objetivo era controlar altercados y disturbios.

El auge en el uso de pistolas eléctricas

La creciente utilización de pistolas eléctricas en intervenciones policiales está generando diversas reacciones. Mientras que algunos sectores, incluyendo sindicatos policiales, defienden su uso como una herramienta menos lesiva que las armas de fuego en situaciones de alta tensión, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional expresan su preocupación por los posibles riesgos y abusos. «Es un arma potencialmente lesiva, sobre todo si se utiliza contra personas que están bajo los efectos de las drogas o el alcohol, o que presentan cuadros de crisis mentales, como fue este caso», destaca Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, según El País (Óscar López-Fonseca, 2025).

Estadísticas y distribución geográfica

Las estadísticas del Ministerio del Interior muestran una clara tendencia: la Policía Nacional lidera el uso de estas armas, con 18 incidentes registrados, frente a los cuatro de la Guardia Civil. Geográficamente, Sevilla se destaca como la provincia con mayor número de incidentes (tres), seguida por Alicante, Cádiz, Baleares, Madrid, Málaga, Murcia y Pontevedra, con dos cada una. Agentes en Cuenca, Granada, Huesca, Las Palmas y Toledo también han recurrido a estas pistolas.

¿Cómo funcionan las pistolas eléctricas?

Las pistolas eléctricas, comúnmente conocidas como Táser, funcionan disparando dardos que contienen electrodos conectados al arma mediante cables. Al impactar en el cuerpo, estos electrodos liberan una descarga eléctrica que interfiere con las señales cerebrales que controlan los músculos, resultando en una incapacitación temporal. Su uso está restringido a las fuerzas policiales y militares, y su adquisición por parte de civiles está prohibida por el reglamento de armas.

Debate y controversia

El uso de pistolas eléctricas no está exento de controversia. Amnistía Internacional ha denunciado repetidamente su relación con muertes en varios países. En España, un juzgado está investigando el fallecimiento de un hombre en Badalona en 2021, después de haber sido reducido con una Táser por los Mossos d’Esquadra. El Defensor del Pueblo también ha advertido sobre el riesgo de un uso abusivo, recordando que estas armas «causan dolor y sufrimiento».

Argumentos a favor y en contra

  • A favor: Sindicatos policiales, como el SUP, defienden que su uso está garantizado por la grabación en vídeo de todas las actuaciones, lo que asegura transparencia y responsabilidad. Además, argumentan que en muchos casos, la simple presencia del arma actúa como disuasivo.
  • En contra: Organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de mayor control y regulación, especialmente en el uso contra personas vulnerables o en situaciones de crisis mental.

Inversión y equipamiento

El Ministerio del Interior ha invertido considerablemente en la adquisición de pistolas eléctricas. En 2019, se compraron las primeras 1.000 unidades para la Policía Nacional a un costo de 2.100 euros cada una. Actualmente, la Policía Nacional cuenta con 1.600 dispositivos y planea adquirir al menos 3.500 más hasta 2028, según Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional. La Guardia Civil, por su parte, tiene 400 unidades y espera adquirir 800 adicionales en los próximos cuatro años, según Mercedes González, su máxima responsable.

Protocolos y regulaciones

En 2020, la Policía Nacional elaboró un protocolo para el uso de estos «inmovilizadores eléctricos». Este protocolo establece que solo pueden emplearse para «reducir, inmovilizar o detener» a personas que se resistan, actúen violentamente o amenacen con armas. Su uso está prohibido contra niños, embarazadas, ancianos y personas con problemas de salud, así como en prisiones (salvo motines), manifestaciones y cerca de sustancias inflamables.

Demandas de mayor regulación

Amnistía Internacional y el Defensor del Pueblo han solicitado reiteradamente la unificación de los protocolos y la creación de una legislación única para todos los cuerpos policiales. Daniel Canales, de Amnistía Internacional, insiste en que «se necesita un mayor control de su uso y que se detalle en qué circunstancias se utilizan y por qué no se ha empleado otro método menos lesivo». En abril de 2021, el Defensor del Pueblo también solicitó a Interior una regulación «exhaustiva y detallada» del uso de estos dispositivos.

La controversia sobre el uso de pistolas eléctricas por parte de las fuerzas del orden en España continua, generando debate entre defensores de derechos humanos, sindicatos policiales y autoridades gubernamentales. A medida que su uso se extiende, la necesidad de regulaciones claras y protocolos unificados se vuelve cada vez más urgente.