Los delitos de odio suben un 300% y preocupan las 'fake news' sobre menores migrantes
La Fiscalía General del Estado alerta del aumento de los delitos de odio, que se han disparado un 300% en los últimos años. Los delitos más comunes son el racismo y la xenofobia, seguidos de los delitos de orientación sexual e identidad de género, según se desprende de la última memoria anual de la institución.
La Fiscalía expresa su preocupación por la difusión de noticias falsas sobre menores migrantes. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha alertado del peligro de sembrar el odio contra los menores migrantes, a quienes se está utilizando como "mercancía" en el mercado de las palabras.
La memoria de la Fiscalía también destaca el "creciente y preocupante auge" del binomio drogas y conducción. Los expedientes sancionadores administrativos por presencia de drogas son los mayores de la serie histórica, y los fiscales reclaman la puesta en práctica de políticas preventivas y educativas para atajarlo.
En el ámbito de la delincuencia económica, la Fiscalía destaca un aumento de las estafas online relacionadas con el comercio electrónico, las inversiones y las criptomonedas. También subraya el aumento de las investigaciones de los crímenes de guerra y el refuerzo de la colaboración con otros países para la persecución de estos delitos.
Carencias para investigar los ciberdelitos
La Fiscalía advierte de las "carencias" en la investigación de los ciberdelitos. El uso masivo de las tecnologías de la información tiene "efectos positivos", pero también implica riesgos, ya que pueden ser utilizadas de forma irregular o con objetivos perversos.
La Fiscalía lamenta que el uso de estas herramientas no haya venido acompañado en la mayoría de países de la adopción de medidas preventivas y de seguridad necesarias para minimizar ese peligro.
En el año 2023 se registraron en España un total de 23.486 procedimientos judiciales y 498 diligencias de investigación penal del Ministerio Fiscal por ciberdelitos. Esta cifra supone un descenso en un 4,61% respecto del año 2022 en el volumen de procedimientos judiciales incoados, pero un incremento de más de un 100% en el de diligencias de investigación penal.
Esta discordancia de datos se explica por varias razones, pero una preocupa especialmente al ministerio público: las "carencias" de las aplicaciones informáticas en las que se registran las denuncias, atestados o actuaciones de cualquier tipo relativas a presuntos ciberdelitos que llegan a conocimiento de los juzgados.
"Cuanto más crece la ciberdelincuencia, más necesario se hace contar con sistemas de registro debidamente desarrollados, que permitan anotar/consultar con facilidad y separadamente todas las variantes de estas conductas", advierte la Fiscalía, que considera imprescindibles implantar esas mejoras para poder abordar "con mayor rigor y eficacia este grave y peligroso fenómeno criminal".
