La Audiencia Nacional declara prescritas las acusaciones contra Anboto por el asesinato de Miguel Ángel Blanco
La Audiencia Nacional ha declarado prescritas las acusaciones contra la exjefa etarra María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, por el secuestro y asesinato en 1997 de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua (Bizkaia). El tribunal, que da la razón a la Fiscalía, marca así el camino a seguir respecto a las imputaciones que también penden sobre otros dos ex jefes de ETA (Mikel Albisu, alias Mikel Antza; e Ignacio Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería), procesados el pasado abril junto a Anboto y José Javier Arizcuren, Kantauri, por el atentado contra el edil popular.
El crimen
Miguel Ángel Blanco fue secuestrado el 10 de julio de 1997 por ETA y asesinado dos días después, tras no ceder el Gobierno español al chantaje de la banda terrorista, que exigía el acercamiento de los presos etarras al País Vasco. El crimen conmocionó a la sociedad española y marcó un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo.
La prescripción
La Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la defensa de Anboto, al que se sumó la Fiscalía, que alegaba que habían transcurrido casi 25 años desde que se cometió el crimen hasta que se dirigió la querella contra ella, cuando el plazo de prescripción era de 20 años.
La Fiscalía ha señalado que esta resolución marca el camino a seguir respecto a las imputaciones contra los otros dos ex jefes de ETA procesados por el mismo atentado, Mikel Antza e Iñaki de Rentería.
Reacciones
La decisión de la Audiencia Nacional ha generado reacciones encontradas. El Partido Popular, del que era miembro Miguel Ángel Blanco, ha expresado su "consternación" y ha anunciado que recurrirá la sentencia. Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha calificado la resolución como una "vergüenza" y ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
"Es una vergüenza que los asesinos de Miguel Ángel Blanco queden impunes. El Gobierno debe asumir su responsabilidad y tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir", ha declarado el presidente de la AVT, Alfonso Sánchez.
El Gobierno ha defendido la independencia del poder judicial y ha asegurado que respeta la decisión de la Audiencia Nacional. Sin embargo, ha reiterado su compromiso con la lucha contra el terrorismo y ha anunciado que seguirá trabajando para que los crímenes de ETA no queden impunes.
