El PSOE lleva a la fiscalía los protocolos de residencias de Madrid en 2020
En un giro reciente de los acontecimientos, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Madrid está presentando una denuncia ante la fiscalía contra el gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso. La acusación central gira en torno a la gestión de la crisis sanitaria en las residencias de ancianos durante el año 2020, específicamente, los protocolos implementados para limitar la hospitalización de los residentes. Según Fernando Peinado (2024) en su artículo para El País, esta acción legal se produce cinco años después de los hechos, sumándose a las numerosas iniciativas penales ya emprendidas por familiares de los fallecidos.

¿Qué motivó esta denuncia?
El PSOE argumenta que el gobierno de Ayuso incurrió en prevaricación al establecer directrices que, en la práctica, restringieron el acceso de los ancianos residentes a los servicios hospitalarios. Estos protocolos, calificados por las familias como “protocolos de la vergüenza”, buscaban evitar el colapso del sistema sanitario en un momento de máxima presión debido a la pandemia. Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid, formalizó la denuncia durante un acto de homenaje a las víctimas, reafirmando el compromiso del partido con el esclarecimiento de lo sucedido. «Os anuncio que el PSOE de Madrid también va a denunciar en la Fiscalía los hechos para que se puedan esclarecer», afirmó López (Peinado, 2024).
Acciones legales previas
Es crucial destacar que esta denuncia no es un hecho aislado. Desde 2020, las familias de los fallecidos han estado buscando justicia a través de diversas vías legales. La asociación Marea de Residencias ha desempeñado un papel fundamental, patrocinando querellas de familiares que se han distribuido en los juzgados de la región. Estas acciones legales se han dirigido contra figuras clave como Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Justicia Enrique López, y los directores de las residencias, solicitando investigaciones por delitos que incluyen homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.

En octubre del año pasado, 109 familiares adoptaron una estrategia diferente al presentar una denuncia colectiva por el delito de denegación de un servicio público. Esta medida, también respaldada por Marea de Residencias y Verdad y Justicia, busca simplificar los requisitos probatorios y consideran que ofrece mejores perspectivas de éxito que las querellas individuales. En este caso, la mira está puesta en cuatro responsables de la gestión de la crisis: Carlos Mur de Víu, director general de coordinación sociosanitaria; Francisco Javier Martínez Peromingo, geriatra considerado el “ideólogo” del triaje; Pablo Busca Ostalaza, director de las urgencias Summa 112; y Antonio Burgueño Carbonell, asesor sanitario de Ayuso. Además, se ha incluido el nombre de 25 geriatras que participaron en el filtro de las peticiones telefónicas de hospitalización.
El estado actual de las investigaciones
Según los datos proporcionados por la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, hasta el 31 de diciembre de 2023, se habían incoado 149 actuaciones penales relacionadas con la gestión de la pandemia en las residencias. De estas, 99 eran procedimientos judiciales, de los cuales 61 fueron sobreseídos definitivamente. Los 38 procedimientos restantes se encuentran en diversas etapas procesales, con solo uno habiendo alcanzado la fase de procedimiento abreviado. Al menos 22 permanecen a la espera de diligencias y 11 están pendientes de decisión en fase de recurso.
El contexto de la pandemia en las residencias
La pandemia de COVID-19 golpeó con বিশেষ বিশেষ特別 বিশেষ বিশেষ特别 বিশেষ fuerza las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid. La vulnerabilidad de los residentes, combinada con la rápida propagación del virus, generó una situación de emergencia que puso a prueba los recursos y la capacidad de respuesta del sistema sanitario. La controversia sobre los protocolos de derivación hospitalaria se centra en las decisiones tomadas en ese momento, cuando la priorización de recursos se convirtió en una necesidad apremiante. Las familias de los fallecidos argumentan que la limitación en el acceso a la hospitalización constituyó una vulneración de los derechos de sus seres queridos y una forma de discriminación basada en la edad y la dependencia.
Próximos pasos
La denuncia del PSOE ante la fiscalía añade una nueva capa de complejidad a este caso. Será crucial observar cómo la fiscalía aborda esta denuncia y qué diligencias decide practicar. Mientras tanto, las familias de los fallecidos continúan buscando justicia a través de las diferentes vías legales en curso. El resultado de estas acciones legales tendrá un impacto significativo en la rendición de cuentas por la gestión de la pandemia en las residencias y en la garantía de los derechos de las personas mayores en situaciones de crisis sanitaria.
Referencias
- Peinado, F. (2024, 9 de abril). El PSOE denuncia al Gobierno de Ayuso por los protocolos para residencias de 2020. El País. Recuperado de https://elpais.com/espana/madrid/2025-04-09/el-psoe-denuncia-al-gobierno-de-ayuso-por-los-protocolos-para-residencias-de-2020.html