Autoridades retiran cámaras de vigilancia ilegales en México
Las autoridades mexicanas están desmantelando cámaras de vigilancia colocadas ilegalmente para monitorear pueblos y municipios en varias entidades. Algunas de estas cámaras supuestamente han sido instaladas por miembros del crimen organizado, mientras que otras son dispositivos colocados por los propios vecinos para proteger sus hogares.
Retiro en Veracruz
En Veracruz, se han retirado aproximadamente 300 cámaras de vigilancia instaladas ilegalmente en varios municipios. Estas cámaras fueron retiradas como parte de operativos conjuntos llevados a cabo por las Secretarías de Marina, Defensa Nacional, Seguridad Pública estatal y Guardia Nacional.
Sistema clandestino en Sonora
En Sonora, se desmanteló un sistema clandestino de videovigilancia en Hermosillo. El operativo, realizado por autoridades federales y estatales, permitió detectar nueve cámaras que grababan en puntos estratégicos de la capital. Según el comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Alberto Flores, se han detectado sistemas similares en otros tres municipios.
Desmantelamiento en San Luis Potosí
El 5 de enero, la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí desmanteló una amplia red de videovigilancia utilizada por una presunta célula delictiva en el municipio de Matehuala. Se confiscaron 24 cámaras de vigilancia que permitían a los delincuentes monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad para cometer actos delictivos.
Uso de cámaras por vecinos
El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, señaló que, aunque algunas cámaras son utilizadas por delincuentes, otras son colocadas por los vecinos para proteger sus viviendas. Sin embargo, estas cámaras también deben retirarse si están instaladas en postes de alumbrado público o de la CFE, ya que no cuentan con los permisos correspondientes.
Preocupación por la vigilancia ilegal
El retiro de cámaras de vigilancia ilegales es parte de los esfuerzos de las autoridades para combatir la delincuencia y proteger la privacidad de los ciudadanos. El uso de cámaras sin autorización puede infringir las leyes de protección de datos y permitir que los delincuentes monitoreen las actividades de las personas sin su conocimiento.
