La Suprema Corte discute la invalidez de la reforma judicial
Minutos de suspenso se viven en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde los ministros debaten el proyecto para invalidar la reforma al Poder Judicial. El proyecto, presentado por el ministro Luis González Alcántara Carrancá, propone eliminar de la reforma la elección popular de jueces de distrito y magistrados de circuito.
Un fallo histórico
La presidenta de la Corte, Norma Piña, abrió la sesión destacando el peso histórico de la decisión: "La decisión que tomemos hoy será retomada en los libros de historia". Subrayó que el proyecto tiene el potencial de dividir a la sociedad, pero enfatizó la tarea de la Corte de proteger la Constitución.
Puntos de conflicto
El proyecto de González Alcántara Carrancá ha generado controversia. Organizaciones internacionales han criticado la eliminación de la elección popular, argumentando que politiza la justicia.
Otro punto de conflicto es la reducción de remuneraciones para los jueces y magistrados actuales. El proyecto validaría las medidas de austeridad para quienes entren en el futuro al Poder Judicial, pero no para quienes ya están en funciones.
Ministros en desacuerdo
El ministro Alberto Pérez Dayán se opuso al proyecto, argumentando que sería responder a una "insensatez" con otra. Consideró que la Corte estaría forzando una facultad que no le corresponde.
Arturo Zaldívar, ex presidente de la Corte, defendió el proyecto, afirmando que es necesario proteger la autonomía judicial. Argumentó que la elección popular de jueces vulnera la independencia del Poder Judicial.
Tensión en el exterior
Mientras la Corte debate, trabajadores del Poder Judicial se manifiestan afuera de la sede, exigiendo la defensa de su autonomía. Gritos de "¡El Poder Judicial no va a caer!" y "¡El Poder Judicial está de pie!" resuenan en el ambiente.
Conclusión
La decisión de la SCJN sobre la reforma judicial tendrá profundas implicaciones para el futuro del Poder Judicial mexicano. Los ministros enfrentan la difícil tarea de equilibrar las demandas de independencia judicial, transparencia y rendición de cuentas.