El TEPJF se rehúsa a anular la elección en Álvaro Obregón y la turna a la Sala Regional
En una decisión controvertida, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió no dar trámite a la demanda de nulidad presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.
La determinación fue tomada de manera sorpresiva, en una votación privada realizada por WhatsApp a media noche, sin que el asunto fuera discutido en sesión pública.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Janine Otálora Malassis se manifestaron en contra de la decisión, acusando al secretario general de acuerdos, Ernesto Santana Bracamontes, de obstruir el proceso y ocultar la recepción de la demanda.
Argumentos del PAN
El PAN argumentó que el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Javier López Casarín, rebasó el tope de gastos de campaña, lo que invalidaría su triunfo.
Errores de la Secretaría General de Acuerdos
La Secretaría General de Acuerdos, a cargo de Ernesto Santana Bracamontes, fue acusada de no informar a las magistraturas sobre la recepción de la demanda del PAN, poniendo en riesgo su análisis y resolución.
Además, se acusó a la Secretaría de cambiar la vía del juicio, presentándolo como un asunto general en lugar de un recurso de reconsideración, lo que impidió su votación en sesión pública.
Consecuencias de la decisión
La decisión del TEPJF allana el camino para que Javier López Casarín permanezca como alcalde de Álvaro Obregón, a pesar de las acusaciones de irregularidades en su campaña.
La Sala Regional de la Ciudad de México analizará el caso, pero es poco probable que anule la elección, ya que se considera un hecho irreparable.
Investigaciones y responsabilidades
Los magistrados Rodríguez Mondragón y Otálora Malassis exigieron investigaciones y responsabilidades por el actuar de la Secretaría General de Acuerdos.
El TEPJF enfrenta críticas por su falta de transparencia y por tomar decisiones importantes en privado, lo que genera sospechas sobre la imparcialidad del proceso electoral.
“La Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Superior no proporcionó información a las magistraturas de la recepción y turno del caso, sino hasta que se circuló el proyecto de acuerdo de sala. Lo anterior, supone una conducta opaca por parte de la referida secretaría, esto es, contraria a los principios de transparencia y máxima publicidad que debe regir la tramitación de los expedientes judiciales”.
