Tribunal Electoral sentencia a Samuel García por beneficio ilícito a Jorge Álvarez Máynez

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha emitido una nueva sentencia en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García, por beneficiar ilegalmente al ex candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

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Conductas ilícitas

La Sala Superior del TEPJF determinó que García, en su calidad de gobernador, sobrepasó los límites de su cargo al utilizar su posición para interferir en las campañas federales de las que no formaba parte.

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Las conductas ilícitas específicas incluyen la publicación de contenido en Instagram que promovía a Máynez y criticaba a otras candidatas presidenciales, particularmente a Xóchitl Gálvez (PAN-PRI-PRD).

Violación de principios electorales

El TEPJF concluyó que las acciones de García violaron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral.

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La conducta del gobernador de Nuevo León traspasó los límites impuestos inherentes a su encargo como servidor público, toda vez que su libertad de expresión rebasó los parámetros constitucionales que protegen los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, en detrimento de la contienda electoral federal.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Beneficio indebido

El TEPJF también acreditó el beneficio indebido que recibió Álvarez Máynez de las acciones de García. A pesar de que el gobernador afirmó que sus publicaciones eran parte de su libertad de expresión y no dependían del candidato, se demostró que Máynez fue etiquetado en varias publicaciones sin que se desvinculara de las acciones de García.

Sanciones

La Sala Regional Especializada del TEPJF había impuesto previamente multas a Máynez y Movimiento Ciudadano por estas conductas. El TEPJF ha confirmado estas multas y ha remitido el caso al Congreso de Nuevo León para que determine la sanción correspondiente para García.

Este fallo del TEPJF es un recordatorio de la importancia de que los funcionarios públicos mantengan la imparcialidad y neutralidad en los procesos electorales.