Samuel García deberá ser sancionado por rifa de Tesla para apoyar a Jorge Álvarez Máynez
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, cometió un ilícito electoral y violó la Constitución al ofrecer una camioneta Cybertruck de Tesla a cambio de que la ciudadanía prefiriera al candidato presidencial de su partido, Jorge Álvarez Máynez, por encima de Xóchitl Gálvez de la oposición.
El caso
En mayo de 2023, durante la campaña electoral, García ofreció a través de sus redes sociales rifar una camioneta Cybertruck, Tesla, que incluso pintó de color anaranjado como el partido Movimiento Ciudadano y la usó para trasladar a Máynez a un evento.
El TEPJF acreditó que esta acción benefició indebidamente al candidato y a Movimiento Ciudadano, pues García dijo que haría la rifa si Álvarez Máynez se posicionaba en segundo lugar debajo de Claudia Sheinbaum y enviaba al tercer lugar a Xóchitl Gálvez, lo que no sucedió.
La resolución
La Sala Superior del TEPJF confirmó por unanimidad la sentencia previa de la Sala Regional Especializada que declaró que García violó la Constitución al faltar a su deber de imparcialidad, equidad y neutralidad en la contienda.
El TEPJF dio vista definitiva al Congreso de Nuevo León para que sancione a García por haber cometido ilícitos electorales, al utilizar la camioneta Tesla para beneficiar al candidato presidencial de su partido en uso de su cargo como gobernador.
Reacciones
García y Álvarez Máynez impugnaron la sentencia previa, alegando que no se analizaron las publicaciones de manera integral y que la sentencia no se apegaba a los parámetros constitucionales ni legales aplicables al caso.
Sin embargo, la Sala Superior del TEPJF rechazó estos argumentos y confirmó que las conductas atribuidas a García son existentes y que no existen elementos que las controviertan.
La resolución del TEPJF sienta un precedente importante sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos de mantener la neutralidad e imparcialidad durante las contiendas electorales.
Esta resolución es un claro mensaje de que los funcionarios públicos no pueden utilizar su posición para promover o beneficiar a candidatos o partidos políticos.
