Un fallo en la gestión por parte de la Generalitat de Cataluña ha provocado que unas 9.500 familias vulnerables que reciben prestaciones sociales como la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) tengan que devolver parte de los importes percibidos.
Errores en la gestión
Estos errores en la gestión administrativa y los trámites, que se remontan a legislaturas anteriores, han derivado en que estas familias recibieran más dinero del que les correspondía, unos 7.500 euros de media. Así lo ha adelantado Catalunya Ràdio.
El secretario general del departamento de Derechos Sociales, Raül Moreno, ha pedido disculpas y ha señalado que se buscarán fórmulas para evitar que los ciudadanos carguen con el peso de esta chapuza administrativa. Sin embargo, ha recordado que la ley obliga a la Administración a intentar recuperar los recursos.
La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha solicitado comparecer en el Parlament para explicar esta situación.
Falta de personal y problemas de comunicación
Esta situación no es nueva, sino que deriva de los problemas endémicos de gestión en la tramitación de las prestaciones sociales, especialmente la RGC. Uno de los factores que ha influido es la falta de personal para la tramitación de estas ayudas, lo que ha provocado que muchos expedientes no se actualicen cuando se producen cambios.
Otro problema radica en la falta de comunicación entre los distintos departamentos de la Generalitat que otorgan prestaciones sociales, que a menudo son incompatibles entre sí.
También influye la falta de recursos para tramitar las ayudas, lo que lleva a que no todos los expedientes se analicen adecuadamente y a que se aprueben muchos por silencio administrativo, lo que puede implicar devoluciones posteriores.
Medidas para solucionar el problema
El departamento de Derechos Sociales está analizando las vías legales para paralizar el envío de nuevas cartas de reclamación hasta encontrar una solución. También está estudiando aplicar modificaciones legislativas para resolver esta problemática.
Hace un año, el Govern de Pere Aragonès presentó una propuesta de modificación de la ley de la Renta Garantizada para ampliar su cobertura y mejorar el tiempo de resolución de las peticiones. Sin embargo, los fallos de gestión han acompañado a esta prestación desde sus inicios, lo que ha llevado a una serie de demandas.
