La lucha de un guardia civil en silla de ruedas por volver al servicio
Jacobo Barchín, un guardia civil de 34 años, sufrió en 2020 una lesión medular en un accidente de bicicleta que lo dejó en silla de ruedas. Después de cuatro años de rehabilitación, un tribunal médico militar resolvió que no era apto para el servicio y propuso su retiro.
Barchín agotó la vía administrativa y presentó un recurso potestativo de reposición al Ministerio de Defensa contra su retiro forzado, pero el pasado 20 de enero le comunicaron que había sido desestimado. "Después de tres meses esperando la contestación al recurso, me lo rechazan", explica Barchín, quien durante todo este tiempo ha pedido una adaptación del puesto de trabajo en lugar del retiro.
"Tengo 34 años, soy una persona joven y amo mi profesión, ¿por qué me tengo que resignar a vivir de una pensión? Quiero trabajar, lógicamente sé que no puedo salir de patrulla, pero hay mil puestos dentro de la Guardia Civil que puedo ejercer perfectamente".
El agente, natural de San Clemente (Cuenca), llevaba cuatro años de servicio cuando sufrió el accidente. Después de volcarse en su recuperación, un tribunal médico militar lo examinó y le trasladó que "iban a hacer lo posible para adaptarme el puesto", recuerda Barchín.
Sin embargo, cuando compareció de nuevo ante el tribunal médico le comunicaron que, debido a su grado de discapacidad, no podía volver a vestir el uniforme. Barchín no aceptó el resultado porque creía que lo estaban discriminando por tener una discapacidad física.
Su lucha por volver al servicio lo llevó, de la mano de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), al Congreso de los Diputados y al Senado, donde expuso su caso a varios grupos parlamentarios, que se solidarizaron con él.
En el último recurso adjuntó además un sinfín de informes y argumentos, entre ellos el proyecto de ley, pendiente de aprobar en el Congreso de los Diputados, para la reforma del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, que permitirá eliminar como causa automática de extinción de la relación laboral el reconocimiento de la Incapacidad Permanente de la persona trabajadora.
"Una acción política"
El secretario general de la AUGC, Juan Fernández, ha enviado una carta a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, para que se sensibilice con el caso de Barchín "porque es una acción política y porque hay una solución, que consiste en modificar la ley de personal y adaptar su puesto de trabajo".
Barchín está dispuesto a llegar hasta el final en su lucha. "Es un mazazo y lo considero frustrante", confiesa sobre la contestación a su recurso. "Ahora dispongo de un plazo de dos meses para presentar un recurso contencioso-administrativo", añade.
El caso de Barchín ha generado un amplio debate sobre la inserción laboral de las personas con discapacidad. Algunos expertos defienden que las empresas deberían hacer más esfuerzos para adaptar los puestos de trabajo a las necesidades de estos trabajadores.
