Estudiante italiano asesinado en Cartagena: informe de la CIDH señala responsabilidad del Estado colombiano
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha declarado responsable al Estado colombiano por la violación de los derechos humanos y posterior muerte del joven viajero italiano Giacomo Turra, ocurrida entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de septiembre de 1995 en Cartagena de Indias.
Las circunstancias del caso
Según el expediente del caso, Giacomo Turra, un estudiante de filosofía de 24 años, se encontraba de visita en Cartagena cuando fue detenido por la Policía Nacional tras refugiarse en el patio de un restaurante en aparente estado de excitación. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Bocagrande, donde supuestamente recibió un calmante mientras estaba inmovilizado dentro de una patrulla.
Sin embargo, la autopsia reveló múltiples golpes y heridas en el cuerpo de Turra, contradiciendo la afirmación inicial de la Policía según la cual el turista había muerto por una supuesta sobredosis de alucinógenos. La necropsia y el acta de levantamiento de la Fiscalía 41 de Cartagena señalaron que Turra tenía laceraciones de arrastre en espalda y frente, y un fuerte golpe en el mentón, lesiones imposibles de autoinfligirse.
Investigación y juicio
Tras cumplirse las audiencias judiciales por este caso, los cinco policías involucrados fueron absueltos. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó la investigación del homicidio, señalando que se llevó a cabo de manera descoordinada entre la jurisdicción ordinaria y la penal militar, lo que impidió garantizar una investigación exhaustiva y transparente.
Responsabilidad del Estado
En su informe, la CIDH declaró la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial y la salud, contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Reacciones y consecuencias
La muerte de Giacomo Turra causó conmoción en Italia y puso en tela de juicio las relaciones diplomáticas entre los dos países. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa el caso ante la CIDH, ha instado al Estado colombiano a cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos en todas las circunstancias.
