El gobierno no ha tomado una decisión sobre el ingreso al Plateado

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó que el gobierno aún no ha tomado una decisión sobre el ingreso de la fuerza pública al corregimiento El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca. Velásquez explicó que para tomar esta determinación es necesario articular las acciones con las comunidades indígenas y afrodescendientes de la zona, así como con las autoridades locales y departamentales.

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Contexto

El corregimiento El Plateado ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, lo que ha generado desplazamiento y confinamiento de la población civil. En los últimos meses, se han intensificado los combates entre la disidencia de las FARC conocida como "Segunda Marquetalia" y el ELN.

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Declaraciones del ministro

"No se ha entrado al Plateado porque no ha habido una decisión articulada del gobierno", dijo Velásquez. "Estamos trabajando en la articulación con las comunidades indígenas y afrodescendientes, con las autoridades locales y departamentales, para poder tomar una decisión que permita el ingreso de la fuerza pública al Plateado".

Velásquez agregó que el gobierno está comprometido con la protección de la población civil y que no permitirá que los grupos armados ilegales sigan afectando a las comunidades.

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Reacciones de las comunidades

Las comunidades indígenas y afrodescendientes del Plateado han expresado su preocupación por la situación de seguridad y han pedido al gobierno que tome medidas para protegerlas. Sin embargo, también han manifestado su rechazo a la entrada de la fuerza pública, argumentando que esto podría escalar la violencia.

Perspectivas

El gobierno enfrenta un dilema: por un lado, debe proteger a la población civil de los grupos armados ilegales; por otro lado, debe respetar los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes que se oponen a la entrada de la fuerza pública.

El ingreso de la fuerza pública al Plateado es una decisión compleja que requiere un enfoque integral que involucre a todas las partes interesadas. El gobierno debe trabajar en conjunto con las comunidades, las autoridades locales y departamentales para encontrar una solución que garantice la seguridad de la población civil sin violar sus derechos.