En una audiencia reservada, siete militares ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, aceptaron su responsabilidad en el asesinato de Álvaro David Terán, catalogado como un "falso positivo". El crimen ocurrió el 12 de abril de 2008 en el municipio de Burcasia, Norte de Santander. Este hecho representa un avance significativo en el proceso judicial del caso.
Los implicados
Los militares implicados, conformados por soldados activos y retirados, fueron omitidos en los informes de la justicia ordinaria. Algunos ni siquiera habían sido mencionados en investigaciones disciplinarias o penales. Todos los involucrados pertenecían al Batallón de Infantería N° 15 Francisco de Paula Santander.
Antecedentes
Desde 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene bajo imputación a 10 militares por las acciones criminales de este batallón y la Brigada Móvil 15. La documentación disponible sugiere que, entre 2007 y 2008, miembros de ambas unidades ejecutaron extrajudicialmente a más de 120 personas. Entre los oficiales vinculados se encuentra el general (r) Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30 de Santander.
El caso de Álvaro David Terán
En el caso específico de Álvaro David Terán, los militares que aceptaron su responsabilidad son: un subteniente activo, dos sargentos viceprimeros (uno activo y otro retirado), dos cabos segundos (uno activo y otro retirado) y dos soldados profesionales retirados. La JEP implementó la ruta "no sancionatoria" del sistema de Justicia Transicional a favor de los implicados.
Investigación y detalles
La JEP cuenta con un documento abierto de la Fiscalía que detalla el caso de Terán. Según la investigación, el comerciante fue asesinado en la vereda La Mocarca y reportado como baja en combate por la contraguerrilla Ayacucho 2 del Batallón Francisco de Paula Santander, bajo el mando del sargento Néstor Jaime Mosquera.
El expediente detalla que Terán era soltero, no tenía hijos, tenía educación secundaria incompleta, no había prestado servicio militar y no tenía antecedentes judiciales. Se desempeñaba como vendedor ambulante de comidas rápidas, frituras y algodón de azúcar. Las personas allegadas lo describen como una persona tranquila y con pocos amigos.
Importancia del avance judicial
La aceptación de responsabilidad por parte de los militares es un avance significativo en el esclarecimiento de este caso de falsos positivos. Permite profundizar en la verdad de los hechos, garantizar la participación de las víctimas y la sociedad, y avanzar en la Justicia Transicional Restaurativa para esclarecer lo ocurrido.
