La instalación de un nuevo peaje en la vía que conecta Bogotá con Choachí ha generado una ola de protestas por parte de los habitantes de la región. Desde la madrugada del viernes 16 de febrero, múltiples ciudadanos bloquearon la vía a La Calera como muestra de inconformidad frente a las precarias condiciones viales y la puesta en marcha de esta nueva caseta de cobro ubicada en el páramo Cruz Verde, área ambientalmente sensible y vital para la ecosistema de la zona.

¿Qué motiva las manifestaciones en la vía Bogotá-La Calera?

Los manifestantes, procedentes de municipios cercanos como La Calera, Choachí, Fómeque y Ubaque, afirman llevar cerca de 9 años lidiando con problemas de infraestructura vial que dificultan el tránsito y comprometen su seguridad. Señalan además, que la vía de la perimetral de oriente considerada como una alternativa de entrada a la capital para vehículos de carga, presenta problemas significativos y que cerca de 80 kilómetros de ésta son prácticamente intransitables.

¿Cuáles son las exigencias de los ciudadanos afectados?

La principal demanda es que se realicen las mejoras necesarias en la infraestructura vial antes de proceder con la instalación del nuevo peaje. Aducen que no se oponen al desarrollo de las vías, pero es injusto el cobro por un servicio que actualmente no reúne las condiciones mínimas de seguridad y movilidad. Por tal motivo, el descontento se sustenta en la afectación que supondría para aproximadamente 30.000 ciudadanos y ciudadanas que diariamente utilizan este corredor vial.

Impacto y repercusiones de las protestas

Como resultado de las protestas, la movilidad en importantes sectores de la zona oriental de Bogotá, incluyendo la Avenida Circunvalar con calle 85, se ha visto gravemente afectada. La aglomeración vehicular ha alcanzado puntos críticos y ha obligado a las autoridades a cerrar accesos y recomendar vías alternas para mitigar el colapso vial. Además, se han establecido mesas de trabajo y se espera que las reuniones programadas para los próximos días den paso a soluciones que equilibren las necesidades de infraestructura con las preocupaciones ambientales y sociales.

La Alcaldía de Bogotá y la Agencia Nacional de Infraestructura son llamadas a dar respuesta a la situación, ofreciendo soluciones que contemplen tanto el estado de las carreteras como los efectos ambientales de los proyectos viales en desarrollo.