Poder Judicial mexicano en la mira por presuntas irregularidades patrimoniales
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha presentado cinco denuncias penales en los últimos siete años contra empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) por presunto enriquecimiento ilícito. Además, ha impuesto sanciones a mil 550 servidores públicos por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.
Irregularidades en las declaraciones patrimoniales
El 57,27% de los funcionarios judiciales sancionados por la contraloría del CJF son secretarios de juzgados y tribunales, secretarios particulares de jueces y magistrados, así como actuarios. Entre los sancionados también figuran un magistrado adscrito a la Ciudad de México y un juez de distrito de Boca del Río, Veracruz, destituidos en 2017 y 2019, respectivamente.
Además, un juez de Hermosillo, Sonora, fue inhabilitado en 2019, y un juez de Puente Grande, Jalisco, y dos magistrados, de Ciudad Victoria y de Xalapa, fueron suspendidos temporalmente de sus labores en 2020 y 2021.
Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 64,6% de los ciudadanos mexicanos considera que los jueces son corruptos, lo que los sitúa en el segundo lugar del ranking de percepción de corrupción, solo por detrás de los policías de tránsito.
Denuncias penales por enriquecimiento ilícito
De las cinco denuncias por presunto enriquecimiento ilícito presentadas por el CJF ante la Fiscalía General de la República (FGR), solo una ha sido judicializada sin que haya sentencia aún. Los demás casos están atorados en la fase de investigación de la Fiscalía.
Las denuncias fueron presentadas entre el 12 de febrero de 2019 y el 23 de abril de 2020 contra empleados judiciales a los que se les detectó un presunto enriquecimiento ilícito en su patrimonio personal.
Sanciones administrativas
Además de las denuncias penales, el CJF ha impuesto mil 550 sanciones administrativas a funcionarios judiciales por "irregularidades y/o omisiones en la presentación de la Declaración de Modificación Patrimonial".
Cinco de los sancionados son jueces de distrito, a los que se les han impuesto destitución, inhabilitación, amonestación pública, sanción económica y suspensión.
Otros cuatro son magistrados de circuito, sancionados con una destitución, un apercibimiento privado y dos suspensiones.
Los secretarios de juzgado tienen como función apoyar en el despacho de los asuntos que atienden los jueces de distrito y los jueces de los Centros de Justicia Penal Federal e incluso, de ser necesario, pueden dictar resoluciones de carácter urgente.
En los siete años, la Contraloría del CJF ha destituido a cuatro funcionarios de ese nivel, inhabilitó a uno, a 10 los suspendió temporalmente y a uno le impuso una sanción económica; además, amonestó o apercibió de manera privada a 103 y amonestó o apercibió de manera pública a 77 más.
Por su parte, los secretarios de tribunal están encargados de apoyar en el estudio y resolución de los asuntos del Tribunal Colegiado o Unitario o del Centro de Justicia Penal Federal al que estén adscritos.
La Contraloría del Poder Judicial ha destituido a dos funcionarios de ese nivel, ha inhabilitado a otros dos y suspendido a 13 de ellos, además de que impuso sanción económica a uno más; asimismo, amonestó o apercibió de manera privada a 73 de ellos y amonestó de manera pública a 58.
Los secretarios particulares de jueces y magistrados se encargan de apoyar a los titulares de juzgados y tribunales con el control de su agenda y en la atención de visitantes, así como dar seguimiento a los acuerdos generados en reuniones de trabajo con el equipo interno del juzgador.
La contraloría ha sancionado a 120 secretarios particulares de jueces, con ocho suspensiones, 81 amonestaciones y apercibimientos privados y 31 amonestaciones públicas.
Además, a 164 secretarios particulares de magistrados, de los cuales ha inhabilitado a uno y suspendido a siete, mientras que a los demás los amonestó o apercibió de manera privada.
A los actuarios se les han aplicado tres destituciones, 22 suspensiones, 126 amonestaciones y apercibimientos privados, 107 amonestaciones y apercibimientos públicos, así como una sanción económica.
