Tres legisladores cordobeses presentan un proyecto de ley para establecer un régimen de biocombustibles hasta 2030

Córdoba.- Tres legisladores cordobeses, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Juan Fernando Brügge, han presentado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para establecer un régimen de biocombustibles hasta 2030. El proyecto plantea establecer un corte fijo del 15% para las naftas y del 10% para el gasoil o diésel desde la vigencia de la ley, con un aumento progresivo hasta alcanzar el 15% para el diésel en 2028.

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El proyecto también establece un "mercado libre y voluntario" para cortes superiores a los porcentajes obligatorios, y determina que las empresas responsables de hacer las mezclas obligatorias deberán adquirir los biocombustibles a las elaboradoras autorizadas por la autoridad de aplicación. Además, todas las productoras tendrán derecho a participar en los mercados de producción y suministro de biocombustibles tanto para el mercado interno como para el de exportación.

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Beneficios del proyecto

El proyecto de ley presentado por los legisladores cordobeses tiene varios beneficios potenciales, entre ellos:

  1. Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
  2. Mejora de la seguridad energética al reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados.
  3. Creación de nuevos puestos de trabajo en el sector de los biocombustibles.
  4. Apoyo al desarrollo rural y a la agricultura sostenible.
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Controversias

El proyecto de ley también ha generado algunas controversias, principalmente por parte de las empresas petroleras, que temen que el aumento obligatorio del uso de biocombustibles reduzca sus ganancias.

Sin embargo, los defensores del proyecto argumentan que los beneficios ambientales y económicos superan los posibles costos para las empresas petroleras. Además, señalan que el proyecto incluye medidas para garantizar que las empresas petroleras no sufran pérdidas financieras excesivas.

Conclusión

El proyecto de ley para establecer un régimen de biocombustibles hasta 2030 es una iniciativa importante que podría tener beneficios significativos para Argentina. El proyecto tiene el potencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la seguridad energética, crear nuevos puestos de trabajo y apoyar el desarrollo rural y la agricultura sostenible. Si bien existen algunas controversias sobre el proyecto, los defensores argumentan que los beneficios superan los posibles costos.