Las fiestas populares, que se celebran en los meses de verano, son una buena oportunidad para que los ayuntamientos contraten a artistas y ofrezcan a sus vecinos espectáculos de calidad. Sin embargo, a la hora de realizar estas contrataciones, es fundamental que los ayuntamientos actúen con total transparencia y eviten cualquier tipo de trato de favor, ya que esto puede acarrear graves consecuencias legales.
¿Qué dice la ley?
La Ley de Contratos del Sector Público establece que los funcionarios deben tomar medidas para garantizar la transparencia y la igualdad de trato de los artistas a la hora de contratarlos. Algunos indicios que pueden hacer sospechar de un posible trato de favor son los sobreprecios en los contratos, los ingresos bancarios injustificados o las contrataciones reiteradas para actuar.
Si se descubre que un cantante ha recibido un trato favorable, la ley castiga severamente al infractor. Las penas pueden oscilar entre los dos y los seis años de prisión por fraude y hasta los ocho años de cárcel por malversación si el responsable malversa más de 50.000 euros.
Contratos menores y mayores
Los ayuntamientos suelen contratar a artistas con un caché inferior a 15.000 euros mediante contratos menores. Estos acuerdos no requieren una oferta pública y solo necesitan un informe del órgano de contratación justificando la necesidad del contrato, la aprobación del gasto y la factura correspondiente. Sin embargo, utilizar este tipo de contratos va en contra de los principios de la contratación administrativa y debe ser una excepción.
Para los contratos superiores a 15.000 euros, los consistorios sí deben abrir un proceso de selección para que los artistas interesados puedan enviar su oferta. El problema es que las licitaciones en este entorno son a menudo "antinaturales", ya que los ayuntamientos suelen tener claro qué artista quieren contratar desde el principio. En estos casos, la ley exige a los ayuntamientos que justifiquen por qué han elegido a ese artista y no a otro, pero esta obligación legal es difusa y en la práctica funciona como papel mojado.
Problemas técnicos
Uno de los principales problemas que tienen los artistas con los ayuntamientos es la falta de recursos técnicos de estos últimos. Esto puede llevar a la cancelación de actuaciones, como ocurrió con Extremoduro en Oviedo. Por ello, es imprescindible que los artistas incluyan en sus contratos un rider técnico que especifique los recursos que necesitan para su espectáculo.
Siguiendo estas pautas, los ayuntamientos pueden contratar a artistas con total transparencia y evitar cualquier tipo de trato de favor. Esto garantiza la igualdad de oportunidades para todos los artistas y protege el dinero público.
